ABC 22/03/17
· Considera que se vulneraron derechos y que no tuvo un juicio con todas las garantías
El proceso soberanista tiene sus paradojas, y una de ellas es que sus impulsores apelen a la misma Constitución que quieren arrollar para hacer valer sus derechos. Es lo que harán el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega en el recurso que interpondrán ante el Tribunal Supremo tras ser condenados por haber impulsado la consulta del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó al primero a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, y a las segundas a año y medio, y año y nueve meses respectivamente. Tampoco podrán concurrir en listas electorales.
En sus recursos, los condenados consideran que en su sentencia se habrían vulnerado varios principios constitucionales, entre otros, el de libertad ideológica, de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. También, el de la presunción de inocencia y a tener un proceso con todas las garantías, o el de no discriminación e igualdad ante la ley.
· Gesto
El expresidente, «embajador volante» del proceso separatista
Además de estos principios, las defensas apuntan errores de apreciación en las pruebas presentadas, entre estas las comunicaciones que recibió el Govern de la providencia del TC que suspendía la consulta. El recurso de los acusados, que ya han anunciado su intención de recurrir al TC, y si hiciese falta a la Justicia europea, se sumará al que también presenta la Fiscalía, que reclama que se les condene por prevaricación, y no solo por desobediencia.
En el Consejo de Gobierno
Ayer, en un gesto inédito muy criticado por la oposición, Artur Mas y las también condenadas Irene Rigau y Joana Ortega participaron en la reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, del que recibieron su apoyo. Así, la inhabilitación por dos años al expresidente de la Generalitat Artur Mas, no le impide, a criterio del Ejecutivo catalán, aceptar el encargo que se le ha hecho para que actúe de algo así como de «embajador volante» del proceso. Ratificando una de las tareas que el propio Mas se había impuesto después de que en enero de 2016 la CUP lo envió a la «papelera de la historia» y se vio forzado a abandonar la Presidencia, el Gobierno catalán confirmó ayer que le ha pedido a Mas, pero también a Ortega y Rigau, que hagan «pedagogía» del proceso soberanista. Su «testimonio puede ser útil dentro y fuera de Cataluña», en palabras de la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.