Del Blog de Santiago González
Algunos cargos del Gobierno han mostrado actitudes de abierto desacato a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condenaba a Isabel Serra a 19 meses de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. Casi todo Podemos en las instituciones atacó al Tribunal y su sentencia. Un vicepresidente, dos ministras y su portavoz parlamentario. Solo se libran el ministro Castells, desaparecido desde el mismo día de su nombramiento y el pobre Garzón, que debe de estar ocupado en obligar a las farmacias a rebajar el precio de venta de las mascarillas por debajo de su coste.
Irene Montero, que por fin ha dado negativo, (bueno, ella da negativo en todo) rechazó la condena de Isa por “ayudar a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los DDHH y del artículo 47 de la C.E.”. La ministra risueña, Yolanda Díaz, trotó por la misma senda: “Defender el derecho a una vivienda digna no es un delito, es una obligación constitucional recogida en el artículo 47”. Echenique, nique, nique escribió: “El TSJ de Madrid ha condenado sin pruebas a Isa Serra por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad”
A Pablo, la peor de todas, por ser la más alta carga dado su rango en el Gobierno, le invade una sensación de injusticia: “En España mucha gente siente que corruptos y poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.
Calificar las agresiones a las agentes de la Policía Municipal de ‘intento de parar un desahucio’ o de ‘defender el derecho a una vivienda digna’ es un sinsentido. No fue para parar un desahucio, que ya se había consumado cuando se produjeron los hechos. No es el qué, memas, es el cómo. Nadie discutiría la transacción económica elemental de sacar dinero de un banco, ya sea en un cajero automático como los que Isa Serra destrozaba o en el mostrador, pero es obligado tener fondos en una cuenta propia. Si tal circunstancia no se da y en lugar de emplear una tarjeta o la cartilla de ahorros, lo hacemos con una pistola al grito de “esto es un atraco” estamos en otro supuesto. Absurda la invocación del artículo 47 de la C.E. Tal como suelen, se comen la segunda frase: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Quizá pagar el alquiler o la hipoteca.
El TSJ ha declarado probado que agredió a la autoridad, la ha condenado a indemnizar a dos agentes por lesiones y que insultó a otras dos: “Hija de puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Si fuera tu hijo, tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro”. Y a la otra: “Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo”. Pablo tiene atenuante sentimental. Hay que recordar con sus propias palabras, que a él le emocionan las agresiones tumultuarias a policías.
Ni el presidente del Gobierno ni el CGPJ se han sentido obligados a defender al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que los polemizas han acusado de prevaricar en su sentencia.