Editorial, EL CORREO, 4/5/12
La reivindicación competencial no exime a socialistas y nacionalistas de exponer su alternativa para un sistema de bienestar
El Gobierno de Patxi López, coincidiendo parlamentariamente con el PNV, ha convertido sus discrepancias con las medidas de ajuste decretadas por el Ejecutivo Rajoy en un litigio competencial al anunciar que recurrirá las mismas ante el Tribunal Constitucional, solicitando su suspensión cautelar. Lo que en ningún caso exime a socialistas y nacionalistas de pronunciarse sobre la cuestión de fondo, que es la ineludible revisión del gasto público, exponiendo sus alternativas para la sostenibilidad del sistema de bienestar. El largo período preelectoral de cara a las autonómicas corre el riesgo de convertir la oposición global a los recortes de Rajoy en causa de actitudes huidizas respecto al tema capital de cuáles han de ser las coberturas y servicios esenciales de dicho sistema y cómo deberían financiarse. La privilegiada posición que nos brindan el Concierto Económico y el Cupo no hacen del País vasco una realidad aparte de las vicisitudes por las que atraviesan las demás autonomías y los países de nuestro entorno. Por mucho que López se niegue a añadir más ajustes al final de su mandato y de que José Luis Bilbao considere que «la marca España es un lastre para Euskadi», el autogobierno no puede convertirse en recurso para la insumisión -como preconizan los sindicatos convocantes de un paro general en el sector público para el 31 de mayo- sino en la potestad que garantice la cohesión social. La sociedad vasca debe procurar la asistencia sanitaria plena a todas las personas avecindadas aquí y socorrer a quienes, en tránsito, se vean necesitadas de los servicios de Osakidetza. Pero ello nada tiene que ver con la eventualidad de que se aplique alguna suerte de copago farmacéutico e incluso hospitalario. Lo mismo ocurre con la relación entre tasas y becas universitarias en tanto que su revisión sirva para valorar de manera más justa el rendimiento académico dentro de la igualdad de oportunidades. El Estatuto de Autonomía ofrece la oportunidad de adecuar el gasto público a criterios de rentabilidad social, priorizando la atención a las personas en riesgo de exclusión. Por eso mismo dicho gasto ha de ser objeto de un esfuerzo de racionalización que asegure la solidaridad a costa de las prebendas públicas y de la inercia presupuestaria que imponen estructuras administrativas e institucionales prescindibles.
Editorial, EL CORREO, 4/5/12