Sorprendente sugerencia la del profesor Badiola (EL CORREO 3.08.21) de reformar el Tribunal Constitucional para establecer la exigencia de mayorías reforzadas en las decisiones del tribunal sobre la constitucionalidad de las leyes estatales, autonómicas o forales. De forma que no pudiera darse la situación de que el tribunal invalidase el contenido de una ley (como la del estado de alarma) sólo por mayoría simple, por un solo voto más a favor que en contra. Esto no es serio, se nos dice como único argumento.

Repaso la forma de adoptar sus decisiones de otros Tribunales Constitucionales europeos como el alemán o el italiano y no encuentro sino el principio de mayoría simple para dictar sentencia. El Tribunal Supremo USA lo hace igual, por mayoría simple. Los tribunales más relevantes en Europa, tanto el de Derechos Humanos de Estrasburgo como el de Justicia Europea de Luxemburgo, adoptan sus decisiones por mayoría simple. ¿No son serios?

Cuando se impugnan ante los Tribunales Constitucionales normas legislativas generales, éstas gozan a su favor de lo que se denomina «principio de deferencia con el legislador» o «presunción de constitucionalidad», de manera que una norma general sólo es invalidada cuando su incompatibilidad con la Constitución es clara y patente, y no puede ser salvada con una interpretación conforme. Favor que se hace al legislador.

Pues bien, añadir a esta presunción la exigencia de una mayoría reforzada para invalidar en todo o en parte una norma legislativa sería tanto como blindar a éstas ante la justicia constitucional, de manera que sería prácticamente imposible (una minoría del tribunal bastaría para impedirlo) controlar de verdad y en serio la constitucionalidad de las leyes. El poder ejecutivo, que hace tiempo que ha sometido al legislativo a un recorte implacable de sus poderes, y es hoy el auténtico poder legislativo indirecto, se vería así blindado también ante la justicia constitucional. Un paso más hacia la supremacía del ejecutivo, que rompería el ya escaso equilibrio entre los poderes en favor de uno gubernamental que tiende a apoderarse del sistema y terminar con el balance y equilibrio de poderes. Sería algo así como la aportación española a la tendencia iliberal de las democracias iniciada en Polonia o Hungría.

Seguramente con mejor intención, pero con la misma tendencia final al encumbramiento del Ejecutivo sobre los controles y contrapesos liberales, resulta la propuesta de Andoni Unzalu (EL CORREO 30.07.21) de abandonar el sistema de gobierno parlamentario y pasar a uno presidencialista en que el presidente del Gobierno fuera elegido directamente por los votantes. Un cambio de mucho calado que se justificaría sólo en la necesidad de liberar al presidente de la presión de los nacionalismos periféricos que lo tienen poco menos que «secuestrado» en el sistema actual. Poca justificación para tan notable cambio: los nacionalistas periféricos no eligen hoy sino a un 15% de los 350 diputados que nombran al presidente. ¿No habría mejor manera de ‘liberar’ a ese 85% -por ejemplo, poniéndose más de acuerdo entre ellos- que transitar aventuradamente a la V República presidencialista? Suena extraño, pero, de nuevo, va en la dirección progobierno.