Editorial, ABC, 29/8/12
Se debe garantizar que esa ayuda será aplicada única y exclusivamente al pago de los vencimientos y a la financiación de servicios sociales imprescindibles
El Gobierno catalán ha solicitado formalmente del Estado una ayuda de más de cinco mil millones de euros para hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene hasta final de año. Esta petición es el reconocimiento del estado de insolvencia en el que se encuentra la comunidad catalana, la más endeudada de todas las comunidades autónomas, con 42.000 millones de euros de deuda. La cadena de recortes aplicada por el Gobierno de Artur Mas no ha sido suficiente para evitar esta situación límite, que ya ha provocado impagos ocasionales en importantes prestaciones sociales. El Fondo de Liquidez impulsado por el Gobierno de Rajoy se creó para atender estas solicitudes de ayuda financiera, que irán a más porque la financiación del Estado autonómico está colapsada. Por esto mismo, cualquier política de respaldo económico deberá ir acompañada de una reforma sustancial de la organización competencial de las Administraciones Públicas. Esto es lo que el Gobierno catalán no quiere que se plantee y por eso afirma —mientras pide el dinero— que no aceptará condiciones políticas a la ayuda del Estado. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Francesc Homs, lo ha expuesto con el disparatado argumento de que solo piden al Gobierno central «el dinero que pagan los catalanes». Manipulación evidente para insistir en la demanda de un pacto fiscal para Cataluña similar el Concierto Económico Vasco.
Plantear esta ayuda del Estado a una comunidad autónoma como si en el caso catalán se tratase de un pago por una deuda pendiente demuestra hasta qué punto es necesario que, en efecto, la concesión de esa ayuda tenga condiciones políticas. El dinero que pide el Gobierno catalán es el que todos los españoles, catalanes incluidos, aportan a la caja común de la solidaridad nacional. Y por supuesto que es necesario fijar reglas a esta ayuda; por ejemplo, para que no financie la diplomacia soberanista del nacionalismo, ni la imposición monolingüista ni otros excesos segregacionistas del Ejecutivo catalán. Claro que debe haber condiciones; si el ajuste aplicado por el Gobierno de Artur Mas —muy encomiable en muchos aspectos— no ha sido suficiente para equilibrar las cuentas, se debe garantizar ahora que esa ayuda será aplicada única y exclusivamente al pago de los vencimientos y a la financiación de servicios sociales imprescindibles. Ni un euro debe ir a pagar las fiestas soberanistas del nacionalismo catalán.
Editorial, ABC, 29/8/12