Hay que reconocer que otra cosa no pero diligentes sí que eran. Cuando los demás nos reinventábamos como cocineros o nos hartábamos de ver series bajo el toque de queda, los koldos, ábalos y armengoles no dejaban de azacanear en plena pandemia. Al amparo del estado de alerta aceleraban trámites y plazos con una agilidad operativa inédita en administraciones habitualmente tan lentas, y con la misma prontitud le endosaban los pagos a la Unión Europea. Nadie les podrá achacar que no se tomasen en serio la emergencia. Hasta la esposa del presidente Sánchez encontró manera de reunirse con los directivos de una línea aérea que, oh casualidad, patrocinaba su actividad académica y luego se convirtió, también por pura coincidencia, en receptora de cientos de millones de ayudas para sanear su balance antes de la venta a Iberia. Otros incluso tuvieron tiempo de irse de putas y pasarse por bizum –con desacomplejada naturalidad en la redacción del ‘concepto’– su parte de la cuenta.

Tanta productividad no significó, sin embargo, que las ‘soluciones de gestión’ (SL) aplicadas resultaran efectivas salvo para el lucro privado de los proveedores y comisionistas. Gran parte del material sanitario suministrado era inservible y tres gobiernos autonómicos socialistas rechazaron la compra por el llamativo alto precio de las mascarillas, lo que no impidió que los de Canarias y Baleares, además de los ministerios de Interior y de Transporte, se quedasen con la mercancía y la abonaran al contado con insólita prisa, plusvalías incluidas, para luego arrumbarla en almacenes y consignas sin quitarle siquiera las pegatinas. En los días de aquel despilfarro, los profesionales hospitalarios se las apañaban para mal protegerse del contagio con bolsas de basura, gafas de buceo, guantes de fregar y similares sucedáneos porque las instituciones encargadas de proporcionar el equipamiento carecían de acceso fluido al mercado.

Las responsabilidades están por determinar, pero los hechos son ciertos y por ahora nadie parece haber sentido el suficiente remordimiento o vergüenza no ya para pedir perdón sino para reconocerlos y explicarlos al menos. En un estándar democrático aceptable, cada episodio por separado ofrece evidencias y argumentos para diezmar al Gobierno, y en concreto el de Baleares para tumbar a la presidenta del Congreso, pero aquí los dirigentes involucrados guardan silencio, quizás a la espera de tener que explicarse ante el juez instructor o el Tribunal Supremo, y el resto practica el muy torero arte del escaqueo ante una opinión pública que no da crédito a la aparición diaria de ominosos detalles nuevos sobre el modo en que ciertas autoridades jugaron con nuestro dinero y nuestro miedo. Porque conviene no olvidar que todo ocurrió en pleno confinamiento. Y que mientras todo estaba paralizado, los ‘koldos’ y sus cómplices políticos no paraban quietos.