EL AVANCE de la ideología pancatalanista en las aulas de Baleares y de la Comunidad Valenciana no es una hipérbole alentada por alarmistas. Es una triste constatación denunciada por los padres de alumnos obligados a transigir con formas de adoctrinamiento que no solo violan las libertades constitucionales, sino que rozan lo manicomial. EL MUNDO ha recogido testimonios en colegios públicos de Mallorca donde a los profesores se les prohíbe hablar en castellano delante de los alumnos y a los padres se les recomienda hablar por señas si desconocen el catalán. Todo con tal de no infringir esa coerción sistemática con coartada cultural que hizo fortuna eufemística bajo el nombre de inmersión lingüística.

Era cuestión de tiempo que esta insania se extendiera desde Cataluña hasta los colegios baleares y valencianos, importada por gobiernos socialistas y nacionalistas en coalición. A los alumnos de primero de Bachillerato de Baleares, por ejemplo, se les presenta como negativo el uso del castellano, y se les distorsiona la verdad histórica para ahormarla a la fe catalanista. Así, según los libros de texto examinados en un informe encargado por Ciudadanos, la repoblación de Baleares y de Valencia se habría hecho «exclusivamente» con antepasados catalanes; se oculta el origen burgués del nacionalismo en el siglo XIX para alimentar una fantasía medieval que ningún historiador serio puede sostener; se asegura que Felipe V fue el primer rey de España y que prohibió el catalán, prohibición que habrían ratificado los constitucionalistas de Cádiz; o se asevera sin sonrojo que el primer parlamento democrático del mundo se instituyó en Cataluña. Asociaciones como el Círculo Balear y la Plataforma Valencianista vienen advirtiendo de esta sarta de disparates que fluctúan entre la megalomanía y el victimismo para afirmar un espíritu nacional catalán. Un programa totalitario que rebasa las aulas y contagia todos los órdenes de la Administración, donde se ha instalado la discriminación por criterios lingüísticos, de manera que a funcionarios tan imprescindibles como el personal médico se les restringe la posibilidad de trabajar en Baleares por no dominar la lengua vernácula.

Esta colección de vulneraciones de nuestra igualdad y libertad constitucionales se explican por la infame capitulación del bipartidismo, que ha permitido la retirada del Estado de comunidades con partidos nacionalistas cuyo voto necesitaron para gobernar. Y también, porque la segregación lingüística se ha convertido en un verdadero negocio allí donde una lengua propia permite fomentar redes clientelares, conciencias nacionales de diseño y una estructura de poder desleal pero rentable. Lo demuestra Isabel Celaá con una reforma educativa que rinde toda competencia al nacionalismo mientras firma convenios para el fomento del castellano… en Dinamarca. Si no se rectifica ya, pronto Baleares será el nuevo motor de otro procés.