EL MUNDO 23/01/14
· Los nacionalistas lo acuerdan en el Ayuntamiento con la abstención del PSC / El consistorio insta al resto de municipios a secundar la iniciativa.
El Ayuntamiento de Barcelona certificó ayer su adhesión al proyecto independentista del Govern. El Consistorio aprobó la cesión de los datos de su padrón a la Generalitat para elaborar el censo de la consulta de autodeterminación. La capital catalana se comprometió, además, a convencer al resto de los municipios catalanes para que la imiten.
Fue ERC la promotora del prematuro acuerdo alcanzado en la Administración municipal, que salió adelante con el respaldo de CiU e ICV y la abstención del PSC. Sólo el PP votó en contra. Los socialistas, inmersos en su particular encrucijada, justificaron su abstención a la cesión del padrón alegando que eluden postularse sobre propuestas de «ciencia ficción».
La resolución ayer aprobada acuerda «poner a disposición el padrón municipal, en los términos que indique la futura Ley de Consultas del Parlament y el decreto que convoque la consulta, en el supuesto que la Generalitat lo requiera para la celebración de la consulta sobre el futuro político de Cataluña». Especialmente relevante es la alusión a la nueva Ley de Consultas que la Cámara catalana está gestando, una precisión que CiU obligó a incluir en el texto original de ERC para respaldarlo. El Consistorio aclaró ayer a este diario que pretende ampararse en la norma catalana para justificar la cesión de los datos del padrón «dentro de la legalidad».
Fue la Comisión de Presidencia del Consistorio, y no su Pleno, la que aprobó la resolución sobre la consulta. Y fuentes del Gobierno municipal precisaron que no creen necesario ningún nuevo trámite en la Cámara municipal para poder suministrar los datos de los empadronados en Barcelona a la Generalitat, puesto que prevén que la Ley de Consultas ya recoja explícitamente la obligatoriedad de que los municipios cedan su padrón al Govern para elaborar el censo del eventual referendo.
La concejal del PP Àngels Esteller alertó ayer al Gobierno de Barcelona que «busca legitimidades donde no las hay», y le advirtió de que «no puede ceder los datos del padrón a un acto ilegal». Lo hizo mientras, desde el Congreso, los populares anunciaban que sus servicios jurídicos preparan una denuncia para tumbar el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Barcelona. El diputado del PP Antonio Gallego auguró que los propios barceloneses podrán impugnar también la cesión de sus datos si lo desean.
Ninguna ley estatal se refiere a la cesión de datos del padrón a comunidades autónomas para celebrar consultas. La Ley de Régimen Electoral General sólo prevé el acceso a los datos ante la celebración de comicios, mientras que la Ley de Bases de Régimen Local establece que los podrán ceder a otras administraciones públicas «para el ejercicio de sus respectivas competencias», sin más precisión. Pero poco parece importar eso al Gobierno del alcalde Xavier Trias, ayer en el foro económico de Davos. «La legitimidad del Parlament y de un decreto firmado por el presidente de la Generalitat no admiten duda», argumentó su concejal de Presidencia. «Yo iría con cuidado con decir que algunas cosas son imposibles. Esta situación es muy real», abundó Jordi Martí en respuesta a los «negacionistas» reproches del PP, que había hablado de «escenario virtual que no se producirá» y acusado a CiU, ERC e ICV de «actuar en marcos y supuestos que no existen».
El regidor socialista Gabriel Colomé se limitó a defender la posición neutra de su formación con un: «Cuando la consulta esté convocada, hablemos. Mientras tanto, esto es una proposición preventiva». El Grupo Municipal Socialista acostumbra a rechazar todas las iniciativas a favor de la celebración de la consulta que llegan al Consistorio. Ayer, escogió una postura más tibia que choca con la esgrimida por el alcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, quien recientemente avisó al Govern de que no cederá los datos de sus conciudadanos para elaborar su controvertido censo.
Más exultante se mostró el ex presidente del Barça y representante de ERC en Barcelona. Joan Laporta defendió la necesidad de imponer la «superioridad política por encima de los derechos universales». «La capital de Cataluña debe estar al lado de la democracia y al frente del proceso nacional», abundó. Una opinión compartida por el líder de ICV. Un Ricard Gomà que aplaudió situar Barcelona «al frente del proceso nacional».
La vía hacia la consulta también siguió asfaltándose ayer en el Parlament, con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, que incluyen la partida de cinco millones para el referendo.
La sesión sirvió para que la oposición cargara contra unas cuentas que entienden basadas en el acuerdo soberanista entre CiU y ERC, y que criticaron por cargar la crisis económica sobre los catalanes al implantar una treintena de nuevas tasas e impuestos.
Incluso ICV y CUP –dos de las formaciones que apoyan la consulta– desestimaron las medidas presupuestarias de CiU que salieron adelante gracias al beneplácito de ERC, su socio de gobierno tácito.
La diputada de la CUP Isabel Vallet acusó a nacionalistas y republicanos de «no atreverse con los que más tienen» y sí con los ciudadanos que están pagando la crisis, y deploró que el Impuesto de Sucesiones no se sitúe, por lo menos, al nivel de 2008. El diputado de ICV Joan Mena aseguró que el proyecto acentúa la crisis de las economías familiares y, en esta misma línea, el portavoz del PSC, Xavier Sabaté, insistió en que los presupuestos nos harán más pobres, más dependientes, más recortados y menos competitivos».
Sobre las 30 nuevas tasas también se manifestó el diputado del PP José Antonio Coto, para quien las cuentas de este año son «el nuevo castigo que impone el separatismo a los bolsillos de los catalanes». El diputado popular aseguró que «es posible la moderación fiscal, no estar siempre instalados en el victimismo y salir de la decadencia en la que nos ha instalado el separatismo».«Han antepuesto salir en una fotito con el bando de los buenos a la pobreza real, la marginalidad y la marginación real, la polarización real, un desempleo atroz real y seguir exprimiendo a los ciudadanos, cobrando por todo, incluso por cosas que uno tiene derecho a recibir sin pagar», lamentó Cañas, el portavoz parlamentario de Ciutadans.
EL MUNDO 23/01/14