EL MUNDO – 14/01/16
· El reconocimiento supone para 35 miembros de PCTV y ANV bajar su condena hasta los 2 años.
· Reconocer «su participación en los hechos», asumir que «su conducta fue contraria a la legalidad vigente» y «añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado».
· Con estas palabras, ni una más ni una menos, Batasuna admitió ayer, por primera vez en el ámbito judicial, el «daño y sufrimiento» causado a las víctimas del terrorismo.
El texto, incluido como párrafo final en la sentencia de conformidad dictada ayer por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue firmado uno a uno por los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) que estaban siendo juzgados desde principios del pasado mes de diciembre.
Gracias a ello, las penas que se les impusieron por el delito de integración en ETA del que estaban acusados no supera en ningún caso los dos años de prisión, lo que supone que ninguno de ellos ingresará en la cárcel. De hecho, según fuentes jurídicas, las condenas se han dividido en tres grupos, en función del tiempo que estuvieron encarcelados provisionalmente los acusados. Así, se ha impuesto año y medio de prisión a los que no ingresaron, un año y ocho meses para los que sí lo hicieron, y dos años para los que estuvieron presos más tiempo durante la instrucción.
En este último grupo se encuentran 10 de los acusados, entre ellos los ex dirigentes de Batasuna Marije Fullaondo y Juan José Petrikorena. El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, en cambio, forma parte del grupo de los condenados a un año y ocho meses de cárcel.
La condena pactada entre las defensas, la Fiscalía y las acusaciones que ejercen la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia también incluye una pena de inhabilitación especial para optar a cargo público de ámbito municipal, provincial, estatal y europeo durante el tiempo que dure la condena. Esa medida, ya planteada por Dignidad y Justicia en el Tribunal Supremo en casos similares, impedirá a todos ellos concurrir a las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, previstas para final de año.
El pacto también supone aceptar todos los hechos planteados por la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicitaba penas de entre siete y 10 años de cárcel para los 35 acusados. Eso pasa porque los ya condenados hayan admitido haber sido responsables de contribuir a la estrategia de ETA haciendo posible que la organización terrorista se mantuviera en las instituciones en los procesos electorales celebrados en 2005 y 2009, todos ellos posteriores a la ilegalización de Batasuna.
Como es lógico, tras conocerse el acuerdo, que ha permitido adelantar al menos dos meses la previsión que se tenía de conclusión del juicio, cada una de las partes que lo han firmado ha destacado los puntos que entendía prioritarios para hacer posible el pacto.
Barrena explicó a los medios que los 35 acusados «siguen manteniendo, al igual que en aquel entonces», su «apuesta por la exclusividad de las vías políticas y democráticas para alcanzar cualquier tipo de objetivo». Y puntualizó que el «acuerdo tiene como objetivo que ninguno de los encausados ingrese en prisión», lo que se ha conseguido.
Por su parte, la AVT y Dignidad y Justicia hicieron público un comunicado conjunto en el que destacaban la importancia del reconocimiento expreso a las víctimas y el peso que en el acuerdo ha tenido la sentencia dictada el pasado 2 de junio por el Tribunal Supremo en el caso de las herriko tabernas. En ella se rebajaron a un año y 10 meses las condenas de hasta tres años que la Audiencia Nacional había impuesto a 20 dirigentes de Batasuna por los delitos de integración o colaboración con organización terrorista, al considerar acreditado que financiaron a ETA a través de las herrikos.
La rebaja, realizada, según las acusaciones, incluso sobre las penas pactadas, se produjo al aplicar el Alto Tribunal la atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia de ANV y PCTV también la tuvo en cuenta ayer a la hora de fijar las penas finalmente impuestas, porque la Fiscalía formuló su escrito de acusación en 2010, es decir, cinco años antes de que comenzara la vista oral, lo que supone un tiempo excesivo para concluir definitivamente un caso.
El juicio que concluyó ayer con este acuerdo, calificado de «histórico» por la Fiscalía, era el último macrojuicio que quedaba pendiente en la Audiencia Nacional contra el entorno de ETA y, en concreto, su aparato político.
No obstante, aún quedan algunas vistas por celebrar. En abril y mayo la Sala de lo Penal de la Audiencia tiene ya señalados los juicios relativos a Ekin nacional y Ekin navarro, pero en ninguno de los dos el número de acusados alcanza la decena.
EL MUNDO – 14/01/16