«Es un milagro», dijo el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, a su abogado, Iñigo Iruin, en una reciente visita de este último a la cárcel. Otegi se refería al rápido recorrido que ha realizado en un año la izquierda abertzale para alejarse de la violencia.
Comenzó en noviembre de 2009, cuando los líderes de esa formación ilegal decidieron someter al criterio de sus bases su apuesta por «vías pacíficas y democráticas», recogida en la propuesta Zutik Euskal Herria. Un recorrido que también sorprende al Gobierno y la mayoría de los partidos políticos, aunque mantengan sus exigencias al que fue brazo político de ETA y desconfíen de sus proclamas.
La apuesta, apoyada por más del 80% de las bases tras la etapa de asambleas que culminó en febrero de 2010, no ha hecho más que ganar cuerpo en la izquierda abertzale en un año, resaltan sus dirigentes. Eso les ha animado a Rufi Etxeberria desde la calle y a Otegi desde la cárcel a dar pasos cada vez más comprometidos en el rechazo de la violencia y a empezar a encararse con ETA.
Así, en abril de 2010 la izquierda abertzale realizaba, en Pamplona, una primera denuncia del terrorismo etarra al subrayar que la reanudación de la violencia, tras la ruptura de la tregua de 2006, lo único que hizo fue bloquear la situación política. Dos meses después, en junio, le reclamaba a ETA el alto el fuego permanente y verificable.
En septiembre, tras declarar ETA la suspensión de su actividad terrorista, la izquierda abertzale le reclamó en Gernika, con Aralar y Eusko Alkartasuna, la apertura de un proceso de cese definitivo de la violencia. En noviembre, anunció la presentación de un nuevo partido para febrero, que rechazaría la violencia y cumpliría los requisitos de la Ley de Partidos.
Tras la declaración de ETA del 11 de enero de un alto el fuego permanente, general y verificable, la izquierda abertzale entendió que veía atendida su reclamación de septiembre. Pero mañana, lunes, coincidiendo con la presentación en Bilbao de los estatutos del nuevo partido con el que quiere competir en los comicios municipales de mayo, está dispuesta a dar otro paso en su cadena de desmarques de la violencia.
Baraja utilizar, por vez primera, como fórmula el rechazo a la violencia de ETA si esta se volviera a producir. Un texto de la izquierda abertzale, titulado Debate y conclusiones estratégicas, lo recoge, lo que era impensable hace tan solo un año.
En la decisión de los líderes de la izquierda abertzale pesa el creciente apoyo de sus bases a las vías pacíficas y democráticas, lo que les hace fuertes ante ETA. Ese apoyo se extiende a otro mundo muy sensible para ella, el de los presos de ETA. La inmensa mayoría del colectivo, de varios centenares, respalda la estrategia de la dirección de la izquierda abertzale. Lo hicieron público hace tan solo unos días.
También pesa su necesidad de mandar mensajes políticos claros que hagan creíble su voluntad de rechazo del terrorismo y les permitan superar la prueba de los tribunales para que su nuevo partido sea legal, ya que no basta con unos estatutos que cumplan la Ley de Partidos, según la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
En este sentido, sus líderes manifiestan su voluntad de dar la batalla política y jurídica desde ya para recuperar la legalidad y concurrir a las elecciones municipales. «Las cosas van muy rápido porque tenemos un apoyo muy intenso», señala un dirigente.
Con la inscripción de los estatutos en el Registro de Interior, lanzarán su batalla política con la creación de una plataforma de apoyo, la convocatoria de manifestaciones -el día 19 la primera- y una ofensiva internacional.
Sus pasos han alarmado al sector más radical de las víctimas del terrorismo, que ayer organizó una marcha en Madrid, con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y con la denuncia de una negociación inexistente del Gobierno con ETA. También han alertado al PP, que ayer advertía al Gobierno de que impidiera su legalización.
Pero el Ejecutivo ya tiene preparada su hoja de ruta, aunque los estatutos de la nueva marca de la izquierda abertzale sean impolutos. Los impugnará y pedirá a fiscalía que intervenga para que el Supremo tome cartas en el asunto. El Gobierno, aunque valora las declaraciones de desmarque del terrorismo, no termina de fiarse mientras ETA exista o la izquierda abertzale no rompa fehacientemente con ella. El grado de alejamiento que muestre con la banda terrorista condicionará la actitud de los tribunales.
EL PAÍS, 6/2/2011