EL PAÍS, 27/7/2011
La especial complejidad del chivatazo a ETA en el bar Faisán ha propiciado que el recurso contra el procesamiento de los tres cargos policiales imputados -el exdirector de la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros- vaya a ser estudiado por el pleno de la Sala Penal y no por su Sección Segunda que, en contra del criterio del fiscal, dio alas al caso y apreció colaboración con banda armada (hasta 10 años de cárcel) en el soplo policial.
La decisión la tomó ayer el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, una vez que el instructor, Pablo Ruz, desestimó los recursos de reforma de los procesados. Su relevancia es alta porque supone apartar a los cinco magistrados que han avalado la investigación de Ruz. Ahora, la decisión no corresponderá solo a ellos. También al resto de magistrados de lo penal (en total 18). Y para muchos de ellos, los indicios de colaboración no están tan claros.
La deliberación, que puede suponer el envío del caso a un juzgado de Irún al no existir ese delito de colaboración -lo que lo desinflaría dejándolo en una mera revelación de secretos- tendrá lugar tras el verano y puede coincidir con la precampaña o la campaña si las generales se adelantan a noviembre. Tras la dimisión de Francisco Camps, el PP ha convertido el caso Faisán en su caballo de batalla contra el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que señalan como cerebro.
De la sección que queda apartada forma parte el polémico magistrado conservador Enrique López, eterno candidato del PP al Constitucional. Él fue el ponente de la primera resolución en la que el chivatazo fue considerado colaboración, en febrero de 2010, antes incluso de que el entonces instructor, Baltasar Garzón, apreciara el delito. López fue acusado de endurecer el auto sin el permiso de los otros dos miembros del tribunal -Ángel Hurtado y Julio de Diego- incluyendo frases que afirmaban que el soplo a ETA era «de una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo» o llamando al juez a «agotar la investigación hasta los extremos que fueran necesarios».
Esa misma sección, formada esta vez por los conservadores Fernando García de Nicolás y Julio de Diego, y el progresista José Ricardo de Prada, volvió a avalar la existencia del delito de colaboración a finales de abril. El fiscal aseguró en su informe que, para la existencia de ese delito, era necesario partir de «cierta adscripción ideológica» con ETA, algo difícil de achacar a los imputados, tres mandos policiales con larga experiencia antiETA. La resolución dio alas a la investigación, aunque fue muy criticada. Se basaba en una sentencia del Supremo que amparaba la tesis del fiscal. De Prada cuestionó, en un durísimo voto particular, que sus compañeros alentaban «la instrumentalización política» del caso.