EL CONFIDENCIAL, 29/7/2011
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha tenido que explicar en una sorpresiva carta su decisión de elevar a Pleno la causa que investiga el chivatazo a ETA. El magistrado asegura en la misiva que su decisión se debe al intento de evitar que un asunto tan «delicado» y «complejo» quede en manos de un sorteo.
En una carta privada remitida a varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su presidente, Carlos Dívar, el magistrado desvela que la Sección Segunda, a la que le correspondía resolver el recurso de apelación contra el procesamiento de Víctor García Hidalgo, exdirector general de la Policía, el comisario Enrique Pamies, jefe superior del País Vasco, y el inspector José María
Ballesteros, está muy dividida. La citada sección la integran Fernando García Nicolás, Enrique López, José Ricardo de Prada, Ángel Hurtado y Julio de Diego, aunque la resolución la toman solo tres de ellos elegidos por sorteo.
Gómez Bermúdez sostiene que dos de ellos son claramente partidarios de confirmar el auto de procesamiento por colaboración con banda armada del juez instructor, Pablo Ruz, y otros dos se posicionan en contra. Una situación que deja en manos de la suerte que el fallo se inclina hacia uno u otro lado. El presidente de la Sala de lo Penal considera que «dada la gravedad del asunto» no parece lógico que la
composición del tribunal quede fijada de modo aleatorio, y sí más justo que la cuestión sea analizada en profundidad por 14 magistrados.
La carta redunda en la complejidad jurídica de la cuestión, que versa, entre otras cuestiones, sobre la interpretación del delito de encubrimiento, la voluntad de colaborar con los fines terroristas o el estudio de la suficiencia de indicios.
Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha realizado este jueves un llamamiento «a la responsabilidad de los dirigentes políticos» en sus críticas a la actuación de los jueces. «Determinadas críticas se convierten en ataques que acaban por debilitar la confianza del ciudadano en la Justicia», ha defendido Bravo.