El fracaso parlamentario no comenzó el viernes. Esta ha sido una legislatura estéril, construida desde su origen sobre una mayoría negativa y sobre una división deliberada de la sociedad. Sánchez levantó después de las últimas elecciones aquel «muro» frente a una parte de España y acabó actuando como si la mitad del país pudiera ser excluida de cualquier entendimiento institucional. Llegó incluso a defender la posibilidad de gobernar sin el concurso del Poder Legislativo. El resultado ha sido el previsible: ausencia de Presupuestos, incapacidad para articular mayorías estables y una creciente sustitución de la política parlamentaria por el decreto-ley y la propaganda.

Tampoco el balance económico permite el triunfalismo exhibido por el presidente. España ha registrado crecimientos del PIB superiores a los de otras grandes economías europeas y una importante creación de empleo, pero ese avance estadístico no se ha trasladado proporcionalmente al bienestar de los ciudadanos. La renta de los hogares, el poder adquisitivo y distintos indicadores de calidad de vida muestran las limitaciones de un modelo sostenido en buena medida por el fuerte aumento de la población. El crecimiento económico es indispensable, pero deja de ser un argumento político suficiente cuando las familias no reconocen esa prosperidad en su vida cotidiana.

A ello se añade un deterioro institucional difícil de separar del final de esta etapa. El PSOE, antiguos dirigentes socialistas y personas del entorno familiar del presidente afrontan distintas investigaciones o procedimientos judiciales, cada uno con su naturaleza y garantías, que deben resolverse exclusivamente ante los tribunales. Pero su acumulación constituye un hecho político insoslayable. También lo es la investigación sobre la respuesta del Gobierno ante la gravísima crisis de Ceuta, donde se indaga tanto el origen de la entrada masiva desde Marruecos como la actuación de las autoridades españolas. Las declaraciones incorporadas a la causa describen indicios de una preocupante desatención de las advertencias previas y de abandono institucional de la ciudad autónoma.

Sánchez intenta ahora sacar de la chistera la vivienda como argumento electoral. Es significativo que un problema incubado durante años de Gobierno se convierta súbitamente en la causa que justificaría pedir una nueva mayoría. La vivienda constituye una de las principales dificultades de los españoles, especialmente de los jóvenes, pero exige más oferta, seguridad jurídica, suelo disponible y políticas sostenidas, no una improvisación intervencionista concebida a cincuenta días de las urnas. Hasta la capacidad del presidente para sorprender se ha agotado: la convocatoria estaba descontada porque el Gobierno ya no podía ocultar su impotencia parlamentaria.

Esta legislatura no debió comenzar en los términos en que comenzó y hace tiempo que debería haber terminado. España necesita recuperar normalidad institucional, estabilidad parlamentaria y un Gobierno capaz de gobernar, no simplemente de ocupar el poder mientras espera una coyuntura electoral favorable. La democracia ofrece ahora la salida que la política había demorado innecesariamente. Bienvenidas sean las elecciones. Los españoles van a votar tarde, pero mejor tarde que nunca.