«Los españoles tenéis que decidir qué papel queréis jugar», ha arengado Sánchez durante un anuncio que ha sido su primer acto de campaña.

Porque las alternativas que hay, según él, son la «ola ultraderechista» o «un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social», «que el país retroceda» o darle a él la confianza para «doblegar a las élites» perversas que quieren controlar el país.

Esos españoles a los que apela Sánchez votarán el 29 de noviembre.

Llegarán a las urnas después de tres años sin Presupuestos, con una mayoría de investidura hecha añicos y con el entorno del presidente sentado, o a punto de sentarse, ante un tribunal.

El detonante para esta convocatoria ha sido el rechazo por parte del Congreso de los dos reales decretos-ley de vivienda con los que el Gobierno pretendía convertir en política de Estado el caso de Maricarmen Abascal y las acampadas de la Puerta del Sol.

Los decretos cayeron por los votos del PP, de Vox y de Junts. Fue la fotografía de una aritmética que ya no existe, de un “somos más” que nunca fue real.

El fracaso de los decretos fue inevitable. Unas normas redactadas en cuatro días, publicadas en el BOE, vigentes unas horas y luego decaídas: textos precipitados, contradictorios entre sí en los plazos del alquiler, y generadores de una inseguridad jurídica que cualquier Gobierno democrático habría evitado.

La vivienda es un problema real, engordado durante ocho años por un presidente que no hizo nada, literalmente nada, para ponerle remedio. Sí hizo, en cambio, para agravar su estado catatónico.

El problema de la vivienda no se resuelve con un decreto de campaña ni se honra usando a una anciana de 87 años como cortina de humo.

Campaña de humo porque detrás del decreto estaba Ceuta.

A finales de julio, la ciudad autónoma sufrió una invasión organizada por Marruecos que el propio Gobierno elevó a interés para la seguridad nacional.

Meses después, la ciudad sigue invadida, muchos asaltantes siguen en Ceuta y la factura ya supera los 300 millones de euros.

El Ejecutivo encontró más urgente legislar sobre alquileres que cerrar una crisis de frontera. Gobernar es elegir. Y Sánchez eligió el relato. Como siempre.

Eligió también, y esto ya no es un error sino un método, el decreto-ley como forma ordinaria de mandar.

Las cuentas de 2023 siguen prorrogadas: es la prórroga más larga de la Democracia, y el plazo constitucional para presentar las de 2027 ha caducado sin proyecto. Cuatro años de investidura comprada a plazos a quienes ahora le niegan el voto.

Junts ha sido decisivo para tumbar los decretos y hace tiempo que no sostiene al Gobierno. Sumar se rearma por su cuenta. Los barones socialistas piden urnas. La «mayoría progresista» ha quedado en una suma de vetos.

A esa esterilidad se añade la corrupción.

Begoña Gómez, esposa del presidente, afronta juicio oral con jurado por tráfico de influencias y malversación, después de más de dos años de instrucción.

Los españoles han asistido al espectáculo de un Gobierno que ha tratado cada sumario como un ataque y no como un problema de ejemplaridad.

Sánchez no puede ahora pedir confianza para otra legislatura con su mujer en «el banquillo de los allegados«.

El mismo «banquillo de los allegados» por el que ya han pasado su hermano (condenado), su antiguo número dos (condenado) y su fiscal general (también condenado).

Queda la última trampa. Consiste en la posibilidad de aprobar de nuevo un decreto casi idéntico al que el Pleno acaba de rechazar y llevar la convalidación a la Diputación Permanente, donde la mayoría ya no depende de Junts.

El órgano tiene 69 miembros. Sin el voto de Junts, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y el escaño del Mixto suman 35. Bastan.

El plazo constitucional de 30 días seguiría corriendo, pero ya no decidiría el Congreso, que dijo no por 178 votos contra 172: decidiría una comisión de proporciones distintas, en pleno limbo electoral, con la campaña empezada y la Cámara disuelta.

No es un vacío legal. Es un uso desviado de una facultad prevista para otra cosa.

La Diputación Permanente existe para que el Estado no se quede mudo entre legislaturas, no para revocar en petit comité lo que el Pleno acaba de decidir.

Sánchez ya recorrió ese camino en 2019, cuando el Congreso tumbó el decreto del alquiler y la Permanente convalidó otro gemelo con las Cortes disueltas.

Repetirlo ahora, a sabiendas, después de una derrota expresa y con el único fin de esquivar a Junts, no es técnica parlamentaria. Es un fraude de ley. Es gobernar contra el Parlamento aprovechando el limbo que la propia convocatoria crea.

Si Sánchez disuelve y desobedece a las Cámaras no convoca a los españoles: los toma de rehenes de una norma que sus representantes ya han enterrado.

Que nadie compre el relato de «la escucha».

Sánchez no adelanta las elecciones porque la calle haya despertado. Las adelanta porque su partido cree ver una ventana de oportunidad en la protesta por la vivienda antes de que Ceuta, los Presupuestos y los sumarios vuelvan al centro del debate.

La calle protesta por un problema que este Gobierno no ha resuelto. El adelanto intenta congelar la foto.

La legislatura no ha terminado. Se rinde.

Lo que se vota el 29 de noviembre no es un paquete de alquiler redactado en un fin de semana. Es si España sigue gobernada por prórroga, por decreto y por una trampa que convierte la disolución en coartada.

Hay un final de túnel. No es el que anuncia el presidente. Es el de una etapa estéril que, por fin, para beneficio de los españoles, se acaba.