Bildu alienta a ‘okupas’ donostiarras al incluirlos en unos actos oficiales

EL PAÍS, 29/11/11

La oposición obligará hoy a Izagirre a investigar el asalto a una casa privada

Provocación, lamentable y chusco. Para la oposición en el Ayuntamiento de San Sebastián (PSE, PP y PNV) no hay otras palabras que mejor definan la actitud del gobierno municipal y de su máximo representante, Juan Karlos Izagirre, respecto a la casa okupa Uxotegi. Connivencia y respaldo hacia un grupo de personas que han asaltado un inmueble y lo han tomado de forma ilegal -causa abierta en los juzgados incluida-, y, según la oposición, a los que se deja hacer a su antojo simplemente por cuestiones ideológicas. El último episodio: el Ayuntamiento ha incluido al colectivo como uno de los organizadores de los actos de celebración del Día del Euskera, según denunció ayer el PNV. La formación nacionalista votará hoy junto a PSE y PP a favor de la creación de una comisión de investigación durante el pleno.

El PNV deplora la connivencia del consistorio con el colectivo de ‘okupas’

«Es vergonzoso, son personas que han cometido una ocupación ilegal y su nombre aparece en un programa oficial, junto al emblema del Ayuntamiento, la Kutxa, la Diputación y el Gobierno vasco», señalaron desde el PNV. La formación aseguró que el consistorio incluyó al colectivo que gestiona la casa tomada, situada en la Parte Vieja donostiarra, en un programa presentado la semana pasada y en el que se detallan las diversas actividades que se desarrollarán en cada barrio de la ciudad.

«Primero el Ayuntamiento da cobertura a una ocupación ilegal y ahora les da el sello de la oficialidad al incluirlos en un folleto», añadió el portavoz del PP en el Consistorio, Ramón Gómez Ugalde, que recuerda que la actuación de los asaltantes puede ser constitutiva de un delito.

«¿Es que ahora el Ayuntamiento va a mediar entre los vecinos que no paguen la OTA y los trabajadores que se encargan de poner las multas?», se preguntaron desde el PNV, en relación con las declaraciones que Josetxo Ibazeta, asesor de Izagirre, pronunció el pasado viernes. El exconcejal de Euskal Herritarrok acudió a declarar a los juzgados en calidad de imputado por su actuación el 24 de septiembre, el día en que un grupo de jóvenes asaltaron el inmueble, un hecho en el que, según los informes de la Guardia Urbana de San Sebastián, el exedil abertzale intervino para que no se impidiera la ocupación. El asesor estuvo arropado por varios concejales y por el propio Izagirre, que explicó que Ibazeta actuó «siguiendo las consignas del Ayuntamiento».

La actitud del consistorio con el asalto de este inmueble, propiedad de una mujer de 104 años y residente en Madrid, difiere de la que mantuvo cuando tres activistas ligados al 15-M irrumpieron en el antiguo Teatro Bellas Artes a comienzos de mes. Entonces, la Guardia Urbana desalojó el edificio. O cuando varios inmigrantes, según el abogado de la anciana, tomaron el mismo edificio de la Parte Vieja durante el verano y los agentes locales intervinieron.

«Han demostrado que tienen una doble vara de medir, en función de qué personas y de qué ideología okupa un edificio se actúa de una u otra manera», aseguraron desde el PSE. Se da además la circunstancia de que una hija del propio Ibazeta, menor de edad, fue una de las personas que ocupó el inmueble. La joven también acudió a declarar a los juzgados el pasado viernes.

El PSE ha decidido, después de que en una votación anterior se opusiera, sumarse a PNV y PP, los dos grupos que oficialmente han presentado la solicitud para la creación de una comisión de investigación. Los votos a favor de las tres formaciones (21 concejales frente a los ocho de Bildu) obligarán hoy a Izagirre a abrir una investigación contra su propio Gobierno y la gestión que hizo un miembro de su gabinete durante la ocupación del inmueble.

El objetivo, ahondaron desde el PNV, es estudiar y analizar las posibles responsabilidades políticas de lo sucedido «porque ya los tribunales demostrarán quién ha cometido un hecho punible y qué consecuencias le acarrea».

EL PAÍS, 29/11/11