Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 10/5/12
Cuando Otegi se jactó públicamente de que «empezamos siendo tres o cuatro y ya somos 313.000», o cuando la propia banda lo hizo públicamente por «haber ganado la batalla de la ilegalización», no se referían a la plataforma Bateragune sino a Bildu.
El Tribunal Supremo acaba de rebajar a seis años y medio de prisión la condena a los proetarras, Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, por un delito de integración en organización terrorista al tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de la plataforma Bateragune.
Algunos se podrán consolar con el hecho de que este conocido y veterano vocero de la banda terrorista seguirá, al menos, unos años más en prisión y que no podrá presentarse a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas, tal y como algunos querían y otros temían. Es un escaso consuelo. Y lo es no sólo si tenemos en cuenta que Otegi podrá, gracias a la rebaja de condena, salir de la cárcel dentro de menos de cuatro años -mucho antes, incluso, si se le aplican los beneficios penitenciarios que ahora el gobierno tanto justifica-; sino, sobre todo, por la farsa en que ha quedado este juicio por el caso Bateragune tras la exitosa burla a la ilegalización de Batasuna que, gracias al Tribunal Constitucional, han protagonizado Bildu y, más recientemente, Amaiur.
Cuando Arnaldo Otegi se jactó públicamente en julio de 2011 de que «empezamos siendo tres o cuatro y ya somos 313.000» no se refería a la plataforma Bateragune, sino a Bildu. Cuando, pocos días después, la propia organización terrorista ETA era la que, en un comunicado público, se jactaba por «haber ganado la batalla de la ilegalización», tampoco se refería a la ya inútil y olvidada Bateragune, sino a Bildu. Entiéndasenos bien. Naturalmente que ETA, previamente, entre 2007 y 2008, elaboró diversos documentos que determinaban su decisión de hacer primar «externamente y a efectos puramente estratégicos la línea política sobre la lucha armada» y utilizaban a los proetarras como brazo político, tal y como el Supremo considera acreditado en su resolución por el caso Bateragune. Pero eso mismo ya lo dejó acreditado el mismo Tribunal Supremo en su resolución que ilegalizó a Bildu y que luego bochornosamente revocó el Tribunal Constitucional. ¿Nos hemos olvidado –por otra parte- de las numerosas siglas y señuelos que la banda terrorista, prácticamente desde su fundación, ha utilizado para no perder su brazo político?
Bien está que el Supremo, en su resolución de ahora, reproche a Otegi por qué si ha defendido los medios pacíficos y democráticos –tal y como él alega– no se ha valido de las «muchas comparecencias públicas en las que intervino para manifestarse abiertamente en contra de la actuación terrorista preconizada con ETA». Pero eso mismo se les podría reprochar ahora mismo a todos los representantes de Bildu y Amaiur y, sin embargo, Otegi está en la cárcel, mientras que sus sucesores están sentados en las instituciones cobrando del erario público.
Sin embargo, que no se preocupen demasiado los simpatizantes de Otegi. Todo parece indicar que, si bien el conocidísimo vocero de ETA habrá de esperar, o tal vez olvidarse, de la carrera por la Lehendakaritzia, el gobierno se lo va a poner muy fácil en el camino de una mal entendida reinserción. A aquella máxima casi fundacional de ETA, que en su V asamblea dictaminaba que «cada tiempo exige unas formas organizativas y de lucha específicas», se le podría añadir que cada tiempo, también exige caras nuevas. Y si no, que se lo hubiesen preguntado a Idígoras cuando Otegi lo sustituyó.
El drama es que no queramos ver las nuevas «caras nuevas» en aquellos que, gracias a la enésima burla de la ley de partidos, se siguen sentando en los escaños de nuestras instituciones.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 10/5/12