La decisión de la alcaldesa desata la indignación en PSE y PP, mientras que el PNV la apoya como «un paso más hacia la normalización»
La alcaldesa de Bildu de la localidad guipuzcoana de Andoain, Ana Carrere, ha decidido prohibir la entrada de los escoltas a todos los edificios municipales, en lo que constituye una medida inédita en Euskadi que afecta a los seis concejales del PSE y uno del PP que lograron representación en las últimas elecciones. En una notificación interna distribuida ayer por la mañana a los grupos, la Alcaldía veta el acceso de la seguridad privada no sólo a la casa consistorial, sino a cualquier local que dependa del Ayuntamiento: casas de cultura, centros cívicos y polideportivos, entre otros.
Carrere declaró ayer que la asistencia diaria de profesionales «armados venía generando inseguridad» dentro del Consistorio. «No puede ser que haya ciudadanos que se sientan cohibidos a la hora de ir por la presencia de guardaespaldas», explicó para justificar la medida, la primera de calado que adopta cinco días después de lograr la makila.
La representante de la coalición soberanista tomó el sábado pasado el testigo de manos de su antecesor en el cargo, el socialista Estanis Amuchástegui, uno de los corporativos que se declaró ayer indignado por la prohibición tras años de actividad municipal marcada por las amenazas y las agresiones del entorno radical a su persona y su patrimonio. De hecho, Amuchástegui no se dio por enterado del anuncio y decidió por su cuenta autorizar la entrada de sus escoltas al interior del Ayuntamiento.
La medida también fue censurada con dureza por el PP, que vinculó el veto a «la campaña de amedrentamiento» a los electos no nacionalistas. En las filas populares se teme que la ausencia de escoltas en los edificios municipales deje «desamparados» a los electos en un momento en el que denuncian presiones de la izquierda radical. Sólo el PNV, el cuarto grupo representado en el pleno, salió en defensa de la resolución, al considerarla «un paso más hacia la normalización».
Estas son las dispares reacciones de los cuatro grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Andoain: Bildu (7 concejales), PSE (6), PNV (3) y PP (1). En el pleno de constitución, la edil popular María Asunción Guerra apoyó al candidato socialista, Estanis Amuchástegui, mientras que los jeltzales votaron en blanco. De esta forma, el nuevo partido de la izquierda abertzale recuperó una Alcaldía que ya había liderado con la marca de Euskal Herritarrok de 1999 a 2003. En el siguiente mandato, ANV fue ilegalizada en este pueblo, donde ETA asesinó a Joseba Pagazaurtundua, entonces jefe de la Policía Municipal.
En su discurso de estreno como alcaldesa, Ana Carrere se comprometió a trabajar por «la normalización política y la convivencia, el respeto a todos los derechos, la salida de la cárcel de los presos y la desaparición de toda expresión de violencia». La primera medida que ha llevado a la práctica ha sido impedir la entrada de los escoltas de los concejales amenazados a las dependencias municipales. Un día antes del anuncio, la Alcaldía retiró el arco de seguridad que estaba instalado en el acceso principal al edificio del Ayuntamiento y rescindió el contrato a la empresa de seguridad privada que vigilaba la puerta.
La sorpresa para los concejales del PSE y del PP llegó ayer cuando entraron en sus despachos y descubrieron una notificación con la firma de la representante de Bildu. La coalición de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba les informó de su decisión de impedir la entrada de los escoltas. Esa prohibición ya estaba vigente en la celebración de la sesiones plenarias, una práctica que también se realiza en los plenos de otras instituciones públicas. Sin embargo, el veto en Andoain se extiende a todos los edificios que dependen del Ayuntamiento. Se trata de la primera medida de esta naturaleza que adopta un consistorio vasco tras la tregua de ETA.
LAS REACCIONES
«El ambiente, más relajado»
La alcaldesa evitó valorar si, en la situación de alto el fuego, los electos socialistas y populares deben llevar protección, pero señaló que su seguridad «está garantizada» dentro del Ayuntamiento. «Esas personas que están armadas se van a mantener en los accesos como han venido haciendo todos estos años en los que se les podía ver paseando por la plaza, aburridos dando vueltas o fumando un cigarrillo fuera del Ayuntamiento», explicó. Carrere alegó que la prohibición obedece también a una petición de «muchos ciudadanos y trabajadores» municipales. «La gente me para por la calle para decirme que el ambiente está ahora mucho más relajado», insistió.
El portavoz del PNV apoyó la prohibición porque, a su juicio, «mejora la calidad de vida de las personas que se han visto obligadas a llevar guardaespaldas». «El Ayuntamiento es un lugar suficientemente seguro para los amenazados», declaró Andoni Baltasar. A su juicio, «la medida nos parece lógica porque va en consonancia» con la reducción de escoltas anunciada por la consejería vasca de Interior.
Los socialistas pusieron el grito en el cielo. «Mientras la banda terrorista ETA no deje las armas, nosotros necesitamos protección», advirtió el portavoz del PSE. Estanis Amuchástegui arremetió contra la alcaldesa de Bildu, sin mencionarla: «Quien ha firmado esta resolución está debidamente protegida por gente de otro tipo, por escoltas militares. Nosotros tenemos seguridad de otro tipo». El concejal censuró el respaldo del PNV al veto y emplazó a los jeltzales a preguntarse por qué el exconsejero de Interior Juan María Atutxa necesitaba protección y por qué el líder del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, natural de Andoain, «se fue a vivir a San Sebastián y no se quedó aquí», en su pueblo.
El candidato del PP a la Diputación guipuzcoana, Juan Carlos Cano, aseguró que la decisión de Bildu es un regreso a «los tiempos de acoso y derribo» contra los concejales populares y socialistas. Cano, corporativo de Andoain en el mandato pasado, cuestionó la legalidad del veto y emplazó a los Gobiernos central y vasco a «reconsiderar su decisión de reducirles «drásticamente» la seguridad privada en Euskadi.
EL CORREO, 17/6/11