EL MUNDO 25/04/13
· Quince meses después de abrir un polémico frente por conceder una subvención de 24.000 euros a una ikastola de Navarra, la Diputación de Guipuzcoa (Bildu) vuelve a la carga al cruzar ahora la frontera de Francia con otra ayuda que, además, deja en casi una minucia la anterior aportación.
La partida se eleva hasta los 600.000 euros y va destinada a financiar, durante tres años, los trabajos de renovación y ampliación del colegio Xalbador en la localidad vasco francesa de Kanbo.
La concesión de esta ayuda vuelve a encerrar un trasfondo político y busca revelarse a nivel institucional contra la ley a la que se acoge la Subprefectura de Bayona para negar el apoyo económico público a las ikastolas, por no ser el euskera un idioma oficial. Contra las intenciones de las autoridades francesas ya se movilizó la Diputación, junto con el Ayuntamiento de San Sebastián y los líderes de EH Bildu, al asistir a la movilización que tuvo lugar en febrero en Hendaya en apoyo de las ikastolas francesas, convocada por la asociación Seaska, que agrupa a estos centros en el país vecino.
Martín Garitano enmarcó la ayuda de 600.000 euros en la «responsabilidad» institucional y en la «necesaria solidaridad y cooperación», por «todos los obstáculos que la Administración francesa pone a la normalización del euskera».
No desaprovechó tampoco la ocasión para lanzar un mensaje al Ejecutivo vasco, a quien reclamó su «implicación en el movimiento de las ikastolas» francesas. El modelo de ayudas que demanda Bildu vendría a ser una reproducción del que estaba vigente con el Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV), que destinó durante años una subvención directa a Seaska de 1,1 millones de euros, al final de cada ejercicio y fuera de Presupuestos, para inversiones en obras.
El Gobierno de Patxi López (PSE) cambió el escenario. Ante la advertencia de Seaska de que suprimir este compromiso supondría un duro golpe a la enseñanza en euskera, los socialistas decidieron mantener las ayudas extraordinarias si tenían remanente a fin de año y por un importe menor: 400.000 euros en tres años.
El actual Gobierno nacionalista ha apostado por actuar conforme a la «legalidad» francesa, que no permite a instituciones públicas aportar ningún tipo de ayuda a los centros de enseñanza privados.
EL MUNDO 25/04/13