LA RAZÓN, 5/1/12
Exige también beneficios penitenciarios y mejores condiciones
MADRID- Más alto lo pueden decir; más claro, no. Los proetarras advierten de que no habrá lo que ellos llaman «paz» (ausencia de terrorismo) si los presos de ETA no son trasladados al País Vasco y Navarra. Se trata de uno de los pasos del «proceso», que fue pactado, a través de intermediarios, con el anterior Gobierno, pero que el actual, presidido por Mariano Rajoy, no está dispuesto a atender hasta que la banda desaparezca de manera irreversible.
Varios alcaldes de Bildu, entre ellos los de Arrankudiaga, Sopuerta, Igorre y Bermeo, señalaron ayer, en el lenguaje ampuloso que suelen utilizar, que «el actual escenario esperanzador en el País Vasco debe ser desarrollado para llegar a una paz y una democracia reales», pero que no será posible sin «la vuelta a casa de las personas encarceladas y huidas».
Insistieron en que «el camino iniciado puede llevar a una solución duradera», pero advirtieron de que «eso conlleva la vuelta a casa de las personas encarceladas y huidas y la superación de las razones del conflicto que vive Euskal Herria». Esas «razones» son la autodeterminación que lleva a la independencia, con la anexión de Navarra al País Vasco.
Desde que el Partido Popular ganó las elecciones, se han sucedido las advertencias y las amenazas, más o menos explícitas, para que siga con el «proceso»· iniciado en la anterior legislatura. Amparados en la legalidad de Bildu (aunque a veces también actúa Batasuna bajo el «paraguas» de la llamada izquierda abertzale), el tono de los proetarras ha ido subiendo de nivel.
El agrupamiento de los presos en el País Vasco y Navarra, como paso previo a su excarcelación, se ha convertido en la meta a alcanzar, para poder proseguir después con las siguientes fases del «proceso» hacia la independencia. ETA y su entramado han transmitido a sus reclusos que ahora van a conseguir ese agrupamiento y saben que, de no lograrlo, se podrían producir serios problemas dentro del «colectivo» (el EPPK), donde existían y existen discrepancias sobre el anuncio de cese de actividades.
LA RAZÓN, 5/1/12