Bildu intentará reconducir con los concejales afectados la polémica de los escoltas en Andoain. Fuentes solventes de la coalición soberanista aseguran que no se quiere hacer una batalla política de la decisión de la alcaldesa Ane Carrere de impedir a los escoltas entrar en el Ayuntamiento y en los edificios municipales. Entienden que esta medida podría ser contraproducente para la propia formación.
Las mismas fuentes afirman que son conscientes de que ha podido molestar la resolución de la regidora de la localidad guipuzcoana, conocida el pasado jueves, de vetar el acceso a los guardaespaldas. Reconocen, además, que no es su intención irrumpir en la vida municipal con decisiones que sean malentendidas. Representantes de la coalición independentista admiten que no ha sido la decisión más acertada en su estreno en la vida política de un municipio como el de Andoain, castigado particularmente por la violencia terrorista.
En su intención de ser cuidadosos con aquellas cuestiones que por su carácter simbólico generen situaciones comprometidas, en los próximos días, aseguran las fuentes consultadas, se darán los pasos necesarios para tratar de abordar con los propios ediles de PSE y PP las medidas pertinentes para su seguridad en los recintos municipales.
El último episodio de esta polémica se registró el pasado lunes cuando agentes de la Policía Municipal impidieron el acceso al Ayuntamiento a los escoltas que acompañan a los concejales del PP, Asunción Guerra, y del PSE, José Luis Vela, en cumplimiento de la resolución dictada por la alcaldesa. Ambos ediles reconocieron ayer no haber recibido ninguna llamada de Carrere ni de miembros de Bildu.
El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, se desmarcó en la noche del lunes del comportamiento de su compañera de Andoain. El primer edil donostiarra aseguró en ETB que medidas como las tomadas en esa localidad y en Lasarte -donde se ha eliminado el arco de seguridad-, «hay que consensuarlas o hablarlas con la gente que está afectada». Izagirre sí quiso ver, sin embargo, un lado «positivo» en el hecho de que «cada vez haga falta menos escoltas» y lo enmarcó «en el avance del proceso de normalización política y por la paz de este país». Izagirre apostilló, sin embargo, que «hay una tendencia de algunos partidos como PSE yPP de embarrar un poco la política vasca y de utilizar hechos concretos para magnificarlos y dar una imagen que no es real».
LAS REACCIONES
«Ese tipo de medidas deben ser consensuadas con las personas que todavía sienten la amenaza y necesitan ir escoltadas»
ANTONIO BASAGOITI | LÍDER DEL PP VASCO
«Es vomitivo que Bildu no pida a ETA que deje las armas e impida a los guardaespaldas entrar en los ayuntamientos»
JUAN CALPARSORO | FISCAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO
«Los alcaldes están obligados a garantizar la seguridad de los ediles en todo momento dentro de los edificios municipales»
Reforma de la ley
El Gobierno, por boca de Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer por la mañana que llevará al Congreso de los Diputados por la vía de urgencia una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local si los alcaldes de Bildu generalizan la medida de no permitir el acceso a los escoltas.
La citada norma establece en su artículo 25 apartado dos que «el municipio ejercerá competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Seguridad en lugares públicos». «Si para garantizar la seguridad de los concejales tenemos que modificar la ley, lo haremos con toda celeridad y por la vía de urgencia, y creo que podremos contar con el apoyo del Parlamento para que salga rápido», avanzó el vicepresidente y ministro del Interior. La tramitación parlamentaria abreviada acorta mucho los plazos y, en caso de acuerdo entre los grupos, puede aprobarse en cuestión de semanas.
El vicepresidente primero avanzó, además, que los ministerios de Interior y Justicia ya están analizando el informe jurídico emitido por el Ayuntamiento de Andoain que justifica la prohibición de que los escoltas privados accedan a las instalaciones del Consistorio. Los servicios jurídicos del PP vasco también estudian el documento para remitirlo a la Fiscalía. Ayer mismo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, aseguró que son los alcaldes quienes están «obligados a garantizar» la seguridad de los ediles «en todo momento». El Ministerio Público en Euskadi no ha recibido ninguna denuncia sobre estos asuntos.
EL CORREO, 22/6/11