Coincidiendo con el final del año y aunque haya sido con un retraso que no tiene justificación alguna, se ha conseguido desbloquear la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que debía haberse producido en junio pasado, cuando finalizaban su mandato los ahora sustituidos. No deja de ser paradójico que haya que celebrar esta renovación porque el retraso haya sido ‘solo’ de medio año cuando se temía que podía prolongarse indefinidamente siguiendo el ejemplo marcado por el órgano de gobierno del poder judicial (CGPJ), cuya renovación sigue bloqueada tras más de cuatro años de prórroga forzada, por la negativa a cumplir con sus obligaciones constitucionales por parte de quienes son los beneficiarios de la actual situación.

De todas formas, la aceptación obligada de la salida que se ha dado a la renovación del TC, a falta de otra opción posible para evitar la prolongación del bloqueo, no debe ocultar que se trata de una operación, forzada por las circunstancias, que plantea serios problemas institucionales. Sin entrar en las cuestiones de contenido, relativas a la idoneidad de quienes han accedido a la magistratura constitucional, zanjadas por el propio TC con su admisión, sí pueden hacerse algunas consideraciones sobre la forma en que se ha producido la renovación y, en especial, los procedimientos seguidos para llevar a cabo la operación de sustitución de los nuevos magistrados del TC correspondientes al cupo del CGPJ.

Dada la situación que se había creado como consecuencia directa del enquistamiento del bloqueo institucional en el seno del TC y, sobre todo, en el CGPJ, ninguna de las opciones era buena. Las había malas y peores; pero cualquiera que se eligiese planteaba serios problemas institucionales. En estas condiciones, las realmente existentes tras el deterioro provocado por el bloqueo persistente de la renovación de las instituciones afectadas, la única alternativa viable era la de tratar de limitar los efectos más lesivos para la salud del sistema institucional en su conjunto. Y hay que decir que es bastante dudoso que este objetivo se haya conseguido.

Hasta ahora, la renovación de la composición de los órganos constitucionales -TC y CGPJ- que están en el centro de la actual crisis institucional, se había venido realizando por el sistema de ‘cuotas’. De acuerdo con este modelo, las formaciones políticas con representación parlamentaria, y en especial las mayoritarias, PSOE y PP, planteaban sus candidatos para cubrir los puestos; y tras una negociación, básicamente entre estos dos partidos, ambos se repartían, en proporción a su representación parlamentaria, los puestos a cubrir. La presencia ocasional, en función de la coyuntura de cada momento, de algunas formaciones minoritarias completaba el cuadro.

Este sistema, denominado de ‘cuotas’, que ha funcionado para decidir la composición del CGPJ y del TC (además de otros órganos constitucionales), plantea serios problemas. El principal, el riesgo de que estas instancias, claves en la arquitectura institucional de nuestro sistema político, sean instrumentalizadas políticamente por la cúpula de los partidos (en especial de los dos con mayor representación parlamentaria), lo que impediría que cumplan debidamente la función que tienen asignada constitucionalmente. Hay que añadir que, hasta ahora, este sistema de ‘cuotas’ partidistas ha venido funcionando con la colaboración de los dos principales beneficiarios del mismo.

Pero los problemas institucionales, reales, que plantea el sistema de ‘cuotas’ se agravan cuando se fuerza su sustitución por otro peor, basado en el ‘veto’ a las propuestas del rival político, como ha ocurrido en este caso con la renovación del TC. Siguiendo el dicho popular, constituye un ejemplo de cómo ‘el remedio puede ser peor que la enfermedad’. Porque no solo no se soluciona el problema de la instrumentalización partidista de la institución objeto de disputa sino que, además, se crean otros nuevos derivados de la utilización del veto en el acceso a cargos públicos a quienes no son del agrado del que está en condiciones de recurrir al veto como arma de exclusión institucional.

Para concluir, hay que constatar que, por fin, el TC se ha renovado, aunque haya sido tarde y mal. También que el CGPJ sigue sin renovarse cuando se han sobrepasado ya más de cuatro años desde que finalizó su mandato. Pero, sobre todo, hay que dedicar toda la atención al hecho de que la crisis institucional que viene condicionando todo el proceso político no solo no ha sido despejada sino que sigue enquistada y presenta rasgos que no dejan de ser preocupantes. Se trata de un asunto que es, o al menos debe serlo, uno de los temas centrales de la agenda política del año que comienza.