Bolaños contra Montesquieu

Los dos timbres de gloria más célebres de Alfonso Guerra son haber matado a Montesquieu y haber consagrado la categoría política del fotografiado inmóvil. Félix Bolaños, el flamante ministro de la Presidencia del Gobierno Sánchez -que es como decir el encargado de limpiar las sucesivas escenas de las tropelías de su jefe-, no puede reclamar por tanto originalidad en el propósito de asesinar al Barón de La Brède, pero su reciente descubrimiento de que la mayoría de asociaciones de jueces y magistrados de nuestro país, el Consejo de Europa y la Unión Europea son contrarios a la democracia representa una versión extendida y más brutal si cabe del magnicidio conceptual perpetrado por el que fuera en su tiempo todopoderoso número dos de Felipe González. Dado que el ilustre pensador francés lleva treinta y seis años muerto en el sistema institucional español, las declaraciones de Bolaños sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la consiguiente nueva puñalada al distinguido cadáver, sólo pueden ser calificadas de ensañamiento.

Se podría deducir de tales desmanes que el PSOE siempre ha tenido serias dificultades para entender la separación de poderes, principio fundamental de las sociedades libres, y sería una conclusión correcta. La cuestión se agrava hasta encender todas las luces de alarma cuando se constata que idéntico problema tiene el Partido Popular, que en teoría debería ser la alternativa. En efecto, desde que en 1985 un gobierno socialista abrumadoramente mayoritario cambió el método de elección de los doce vocales del órgano rector de la Administración de Justicia que hasta entonces habían sido seleccionadas por sus pares, para entregarlos a la rapiña partitocrática, la formación hegemónica en el espacio del centro-derecha ha ocupado La Moncloa en dos largos períodos y en ambos ha dispuesto de la capacidad de enmendar el desaguisado mediante la reforma de la ley orgánica perversa de la dilatada etapa González. Lejos de hacer tal cosa, mantuvo estólidamente el planteamiento viciado de su adversario.

Hoy el PP en la oposición reclama airadamente el regreso a la fórmula anterior a 1985 ¡cosa que ellos no hicieron durante sus dos mayorías absolutas!

Si los hechos hasta aquí descritos ofrecen motivos suficientes para la lamentación y el desánimo, hay otro aspecto de este desastre que sume a cualquier sufrido votante en la desesperación indignada. Así, cuando gobernaba el PP, los socialistas criticaron acerbamente la norma vigente ¡que habían impulsado ellos en el pasado! Y hoy el PP en la oposición reclama airadamente el regreso a la fórmula anterior a 1985 ¡cosa que ellos no hicieron durante sus dos mayorías absolutas! Es triste tener que aceptar que padecemos una clase política infame, carente de un modelo sólido de Estado, ignara de los elementos más simples de la filosofía política y desprovista del mínimo pudor necesario para no mostrar sin recato la más palmaria incoherencia. Aunque Félix Bolaños es experto en derecho laboral, no es demasiado pedir que conozca los rudimentos del constitucionalismo moderno. La vehemencia con la que defendió en la SER que «los jueces no pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. No podemos hacer distintos compartimentos estancos entre los poderes. Todos han de tener una base democrática», revela tal confusión mental para forzar a la opinión pública a tragar lo intragable que únicamente se puede deducir de tanto dislate que o bien el ministro de la Presidencia cree que a los ciudadanos se les convence con el engaño más burdo o bien es él el que no da más de sí.

Las presiones de Carmen Calvo

Los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, son verdaderamente independientes desde el momento en que cada uno está libre de la influencia de los demás y son capaces de realizar sus cometidos de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas, lo que exige que exista separación entre ellos. La sarta de barbaridades que emitió el actual escudero del presidente del Gobierno le invalidan no ya para ser ministro, sino para pasar con cierto decoro un examen elemental de derecho constitucional. Provoca vergüenza ajena la confesión de la magistrada del Tribunal Constitucional Encarna Roca de que la vicepresidenta Carmen Calvo la llamó para presionarla sobre el asunto que se dirimía en aquellos días de la licitud del estado de alarma por la pandemia. También produce asombro que aceptase semejante conversación y no le colgase el teléfono sin dilación.

¿Se ha informado el inefable Bolaños de cómo se eligen en Francia, Portugal e Italia a los miembros del órgano equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial? Porque si lo sabe, de sus apreciaciones en su entrevista radiofónica se infiere que no cataloga a estos socios nuestros en la Unión Europea como democracias. Precisamente por modificar la forma de elección de los integrantes de su Consejo Judicial en el mismo infausto sentido que el de la reforma de 1985 en España, Polonia ha sido objeto de la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.

Todo el mundo -menos Félix Bolaños, por lo que se ve- conoce la afirmación de Montesquieu: «Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder», pero quizá no tanta gente tenga presente otra sentencia del que fuera consejero del Parlamento de Burdeos que señala que «un hombre no es desdichado por su ambición, sino cuando ésta le devora«. En efecto, cuando un gobernante de una democracia occidental profiere la retahíla de disparates que nuestro ínclito ex funcionario del Banco de España soltó en la SER, es que la ambición ya le ha deglutido por completo hasta hacerle perder el respeto a sí mismo y proyectarle directamente hacia la deshonra y, por supuesto, la desdicha.