El cese de la magistrada española de enlace con las autoridades francesas y suizas es un gesto indicativo del grado de preocupación que tiene el Gobierno con el caso Rodríguez Zapatero. No se trata de un órgano con competencias jurisdiccionales, porque puede ser ocupado por un fiscal, sino de un cargo designado por el Ministerio de Justicia como personal destinado a la acción exterior del Estado en materia de Justicia. Las funciones de estos magistrados de enlace son colaborativas, para facilitar la ejecución de peticiones de auxilio entre tribunales españoles y del país de destino del magistrado de enlace. La magistrada cesada, Silvia González Cantón, pertenece a la carrera judicial, cuenta con experiencia académica y conocimiento de idiomas. En los dos años de magistrada de enlace solo ha sucedido, al menos con trascendencia pública, un episodio crítico para los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez: su actuación como canal de apoyo a las comisiones rogatorias remitidas por Francia y Suiza sobre una red internacional de blanqueo de capitales en la que aparecía implicada la sociedad mercantil Plus Ultra.

La prisa del Gobierno en cesar a la magistrada al cumplir los dos años mínimos de permanencia en el puesto tendrá mejor explicación cuando se conozca el perfil de la persona, juez o fiscal, que proponga el ministro Bolaños para cubrir la vacante. En todo caso, la eficacia obstaculizadora de este movimiento agónico del ministro de Justicia no podrá taponar la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Suiza puso a la Fiscalía Anticorrupción sobre la pista de Plus Ultra en el contexto de una trama internacional de corrupción, pero esa investigación ya se está realizando en España, por un juez español, con el apoyo de la Policía española y con el respaldo de la Fiscalía española. Es evidente, y así se está conociendo días tras día, que las ramificaciones internacionales situarán muchas pruebas en el extranjero, pero, con lo que se ha descubierto en España y lo que han remitido las autoridades de Estados Unidos, se puede decir, sin riesgo al error, que el ministro Bolaños ha llegado muy tarde.

El caso Zapatero ha estallado de forma irreversible y la instrucción penal va poniendo luz en las tinieblas de sus andanzas de falso pacificador mundial, cortina de humo de una trayectoria personal largo tiempo sometida a sospechas que ahora se han convertido en sólidos indicios judiciales. Quizá la preocupación de Bolaños sea otra, no tanto obstruir la investigación judicial sobre Rodríguez Zapatero como evitar que alcance nuevos espacios y a nuevas personas. Si hay algo en Suiza que Bolaños no quiere que se sepa, tarde o temprano se sabrá. Y con estos movimientos tan indiscretos solo consigue aumentar la imagen de que su preocupación es proteger a Pedro Sánchez más que a Rodríguez Zapatero. Las fotografías de unas joyas aparentemente valiosas en la caja fuerte de la oficina del expresidente amenazan su coherencia pública y su credibilidad personal, más que las conclusiones sesudas de un informe policial sobre un cruce de correos. No es difícil intuir lo que esas joyas significan. Bolaños ha hecho un movimiento torpe y arbitrario que se vuelve contra Sánchez y Zapatero.