Tonia Etxarri-El Correo
El Gobierno que dice que respeta a la Justicia y colabora con ella ha elevado tanto el pistón de la presión contra el juez Peinado –desde que ha decidido procesar, en tribunal con jurado, a la esposa del presidente Sánchez– que el ministro Bolaños se ve ya incapaz de apearse de la noria de la intimidación a la que se ha subido. Fuera caretas. La bronca del Congreso estuvo condicionada por el procesamiento de Begoña Gómez. La estrategia está perfilada en La Moncloa. Pero de toda la ‘guardia de corps’ del presidente, quien se está empleando más a fondo es el ministro Bolaños. Ayer, ante el reproche de la portavoz del PP –«usted está aprovechando para lanzar un mensaje de miedo a los jueces»– se reubicó en su papel. Sin disimulos. Sin intentar contemporizar. Sin palabras bien sonantes sobre la separación de poderes o la independencia de los jueces que tanto nos gusta oír en democracia. Bolaños lo volverá a hacer. Su intervención recordaba el mantra de «ho tornarem a fer» que propagaban los ‘jordis’ después de su fracasado ‘procés’ en Cataluña. Pero en el caso del ministro, su mensaje, más que un desafío, sonaba a un intento de atropello al Poder Judicial. Con la excusa de la libertad de expresión, sus pronunciamientos contra el juez Peinado han ido adquiriendo una virulencia extrema que fue muy criticada por la oposición, que considera que esos ataques ‘ad hominen’ a un juez resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.
Pero los choques del Gobierno con la Justicia son una constante en esta legislatura. De su irritación contra el juez Peinado han pasado a la presión sobre la propia presidenta del Consejo General del Poder Judicial para que no quede ningún cabo suelto. El caso es que, en España, los jueces independientes se le resisten a este Gobierno. De ahí su lucha sin cuartel por doblarles el pulso desde hace dos años. Justo cuando el juez Peinado empezó a investigar los negocios de Begoña Gómez.
Durante su ‘tournée’ china, Sánchez ha esquivado el golpe dejando, sin embargo, un mensaje con mucha carga de profundidad pidiendo a la Justicia que haga justicia. Es decir, que cree que la Justicia no está cumpliendo con su obligación. Toda una maniobra de presión mientras Bolaños sigue esperando que el CGPJ castigue al juez por su actitud «impropia», sabiendo que pincha en hueso porque su presidenta, Isabel Perelló, siempre se ha mantenido firme reclamando respeto a las decisiones judiciales.
Si España es un Estado de Derecho en donde las instituciones funcionan según sus propias reglas y ritmos, el ministro debería contener su obsesión por controlarlo todo. Que el órgano de gobierno del Poder Judicial no es el Constitucional, ni la Fiscalía, el CIS o el Tribunal de Cuentas. Y cuidarse mucho de hablar en nombre de los jueces porque ya se ha topado con la indignación de las asociaciones mayoritarias, que le recuerdan que no puede pretender que no se abra ninguna investigación cuando existan posibles indicios de delito. Teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha reprendido en varias ocasiones al Gobierno de Sánchez por sus ataques a los jueces, sería aconsejable que guardara el mínimo recato. Las resoluciones incómodas no se combaten mediante descalificaciones públicas. Eso ocurre en otros países. Al otro lado de la democracia.