Los recelos entre los partidos mayoritarios mantienen bloqueada la renovación, pese a las «fundadas» esperanzas de acuerdo de Trillo
PSOE y PP desconfían el uno del otro en las negociaciones para renovar a cuatro magistrados del Constitucional, y esos recelos impiden desatascar las conversaciones. Los populares consideran que han desaparecido los motivos que impedían el acuerdo, pero los socialistas no las tienen todas consigo y creen que el principal obstáculo -uno de los candidatos propuestos por el partido opositor- sigue ahí. El presidente del Congreso, José Bono, a su vez, dio un nuevo ultimátum y concedió quince días a los dos partidos para presentar los nombres de sus candidatos.
El político castellano-manchego urgió -«Es la séptima vez», recordó en la junta de portavoces con cierto tono de hastío- a cerrar un acuerdo. José Bono dio de plazo a socialistas y populares hasta el 30 de junio para proponer a sus candidatos. Este escenario, advirtió, «no es bueno», e instó a los dos grupos a ser generosos porque «está en nuestro sueldo cumplir nuestra obligación de designar a los magistrados del Constitucional».
LAS REACCIONES
RAMÓN JÁUREGUI | MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Sugiere que el PP bloquea la renovación a la espera de «otra mayoría política» tras las generales
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA | PORTAVOZ PARLAMENTARIA DEL PP
«Tenemos una voluntad sincera de diálogo, pero no admitiremos vetos ni bloqueos»
FRANCESC HOMS | PORTAVOZ DE LA GENERALITAT
«El trapicheo partidario es profundamente demoledor para un Estado de derecho»
Los dos partidos mayoritarios no hicieron oídos sordos al puñetazo en la mesa que propinó el lunes el Tribunal Constitucional, tres de cuyos miembros presentaron su dimisión -que no aceptó el presidente de la corte, Pascual Sala- para forzar su relevo. Sin embargo, ni populares ni socialistas están dispuestos por ahora a variar los planteamientos que han bloqueado la renovación de cuatro magistrados. Los socialistas mantienen el veto sobre Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la pasada legislatura. El PP replica que no tienen cabida los vetos porque así lo pactaron Rodríguez Zapatero y Rajoy.
Parecía que todo iba camino del atasco de siempre cuando Federico Trillo, en unas crípticas declaraciones, dijo tener esperanzas «fundadas» de que esta vez va a haber acuerdo. El diputado del PP, que habló el lunes con Alfredo Pérez Rubalcaba para desatascar las conversaciones, no dio ninguna explicación sobre las razones de su optimismo. Tampoco despejó la incógnita sobre si su partido mantenía o retiraba el nombre de López. Pero fuentes parlamentarias arrojaron luz sobre el asunto. El exportavoz del Consejo del Poder Judicial ya puede acreditar los 15 años de ejercicio profesional, argumento formal al que se aferró el PSOE el año pasado para vetar su nombre.
El problema está en que el PSOE, más allá de las exigencias formales, no está dispuesto a transigir con el candidato del PP. Sería «un cáncer» para el Constitucional, suele decir una fuente muy cercana a Zapatero que recuerda la trayectoria de López en el CGPJ, donde protagonizó sonoros enfrentamientos con el Gobierno a propósito de los más variados asuntos, desde la ley de matrimonios homosexuales al proceso de paz con ETA. Los socialistas, afirman fuentes gubernamentales y del grupo parlamentario, mantienen su oposición y afirman que Rubalcaba así se lo trasladó a Trillo en su conversación del lunes.
El propio vicepresidente dijo ayer que «dos no pactan si uno no quiere», y por parte del Gobierno la renovación se hubiera producido hace tiempo, recordó. La única solución, agregó, es que el PP desista de avalar a López, en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostuvo que el problema está en que el partido opositor plantea «una imposición: o lo que yo quiero o nada».
Otra mayoría
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por su parte, achacó el planteamiento del PP a que sabe que con su obstinación con López aborta la renovación ahora y espera a que el Congreso tenga «otra mayoría política» para renovar el Constitucional a su «gusto». Si esa situación se produce, avisó, su partido no respaldará el reparto que propongan los populares. Los dos partidos mayoritarios tienen poder de veto, ya que la elección de magistrados requiere tres quintos de la Cámara, un listón inalcanzable sin el concurso de ambos grupos.
El PP, entretanto, se mostró dispuesto a abrir la negociación de inmediato pero «sin vetos», es decir, que todos los candidatos sean viables, según aclaró la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Su grupo, añadió, tiene «voluntad sincera de diálogo».
De todo lo contrario, de «cinismo», se acusó ayer a ambos partidos desde Cataluña, una comunidad muy sensible a esta cuestión porque su Estatuto fue ‘afeitado’ ya con varios miembros del Constitucional con el mandato agotado. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, advirtió de que «el trapicheo partidario sobre cálculos de composiciones» del TC «es profundamente demoledor para un Estado de derecho».
EL CORREO, 15/6/11