Brújula de segunda mano

Las largas negociaciones que, al parecer, han mantenido los dirigentes de Podemos Euskadi con la dirección nacional de la nueva formación para ver si se presentaban o no a las elecciones forales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa resultan, de entrada, muy difíciles de explicar como expresión de un partido que trata de ensanchar el cauce de la participación política y renovar el panorama sin encomendarse a las siglas de la ‘casta’. En política, el ‘cómo’ forma parte del ‘qué’, y Podemos refleja una realidad en exceso contradictoria, independientemente de su decisión última respecto a las elecciones a las Juntas Generales de los tres territorios.

Es incomprensible que Podemos España haya discutido la conveniencia de que Podemos Euskadi se presente a las forales. Incluso en el caso de que la nueva formación pretendiera abolir las instituciones de los territorios históricos, actualizadas por el «régimen del 78», no parece que un boicot testimonial a la urna en que el próximo 24 de mayo se podrán depositar las papeletas para las Juntas Generales serviría a dicho fin mejor que presentarse para ocupar algunos de sus escaños. Aunque su «tarea no es ocupar cargos sino dar pasos efectivos e irreversibles para el cambio». Por lo que ha trascendido, los responsables de Podemos España estarían preocupados de que la participación en los comicios forales con su propia marca pudiera desgastar ésta a causa de «actuaciones impropias» de cara a las elecciones generales. Y «lastrar así un crecimiento que ya llama a las puertas de las mayorías en nuestro país». Lo cual plantea problemas en tres órdenes distintos.

El primero e inmediato es el nivel de confianza o de desconfianza necesario para que un colectivo político pueda operar como tal cuando su génesis cuenta con la ilusión de quienes se han ido inscribiendo en el nuevo proyecto, muchos de ellos entrados en años. Si lo que pretende Pablo Iglesias es llegar inmaculado al próximo mes de noviembre para disputar la presidencia del Gobierno español no se ve qué sombras podrían añadirse en las forales a las que arrastra de antemano. En segundo lugar, si los politólogos que dirigen Podemos España han llegado a la conclusión de que su éxito final dependerá de que sepan economizar esfuerzos y minimizar riesgos en las andaluzas del 22 de marzo y en las locales, forales y autonómicas del 24 de mayo, deberían ir pensando en que una democracia representativa obliga a afrontar cada convocatoria electoral como una oportunidad ineludible y no como una fatídica amenaza. De hecho es lo que redactaron en el momento de su constitución como partido, en octubre de 2014, al señalar que «las elecciones autonómicas deben servir para mostrar la fuerza en auge de Podemos». Además, en virtud del Concierto, las instituciones forales tienen una amplia potestad para decidir sobre el marco tributario, lo que les concede un rango superior al que ostentan las comunidades de régimen común a efectos de los objetivos programáticos de Podemos en materia fiscal.

En tercer lugar, una de las grandes fallas que presenta el «régimen del 78» y ha caracterizado al bipartidismo es que las formaciones que se han sucedido en el Gobierno de España –PSOE y PP– son más centralistas en sus procesos de decisión interna que el propio Estado autonómico. El jefe del Gobierno no puede destituir a un presidente autonómico con la facilidad con que Pedro Sánchez se quitó de en medio a Tomás Gómez a pesar de haber sido designado candidato en primarias. Incluso es discutible que pudiera hacerlo aplicando el 155 de la Constitución, artículo al que erróneamente se le concede la facultad de suspender una determinada autonomía. Resulta paradójico que Podemos, que tiene como misión abrir un período constituyente, ofrezca una faz tan recentralizadora y que sus organizaciones territoriales la asuman como si sus integrantes fuesen beneficiarios de la concesión de una franquicia por generosidad de Pablo Iglesias. Porque la puesta en cuestión de la autonomía colectiva afecta directamente al libre albedrío de las personas comprometidas. Y no parece muy creíble que pueda cambiarse el mundo si ni siquiera se modifica la verticalidad partidaria.

Claro que en la dialéctica al uso del ‘trilerismo’ de plató siempre podrá objetarse que Podemos ‘pasa’ de las viejas categorías de lo confederal y de lo federal en el diseño del organigrama interno. Que lo suyo es algo tan ‘nuevo’ que desconcierta a los ‘viejos’. Que lo suyo es poner al servicio de la ciudadanía una estructura eficaz y eficiente que tiene como meta alcanzar el poder. De modo que esa caprichosa insistencia de los vascos de Podemos en presentarse a las elecciones forales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa resultaba tan cargante que no sabían si ceder o no. Cualquier día de estos asomará en algún lugar de España la correspondiente gestora para dejar claro que la propiedad sobre la marca no puede estar en discusión: pertenece a sus fundadores. Única traducción posible hoy del principio fundacional de que «el capital simbólico ganado no le pertenece a nadie sino a todos».

La gente no está para más decepciones. Es algo que los politólogos de la Complutense deberían tener en cuenta. Un votante o afiliado al PP puede sentirse tan avergonzado de las adherencias de una trama corrupta que ni siquiera se da de baja para, así, tampoco llamar la atención. Un votante o afiliado socialista puede escabullirse de los actos de partido hasta ocultar su querencia y ver qué pasa al final, aunque sea en Andalucía. Un votante o afiliado de IU puede balbucear completamente desnortado cuando le advierten de que lo suyo lleva ahora otro nombre. Pero un recién inscrito a Podemos, que lo son todos, se verá completamente ridículo si antes de comenzar a andar no es capaz de explicar a sus próximos los porqués de los vericuetos que conducen a la prometida ‘tierra sin mal’. Desde el momento en que el inscrito en Podemos descubra que se entera de lo que pasa tan poco como los afiliados a los partidos de la ‘casta’, los sociólogos deberán revisar sus previsiones electorales. Porque se habrá acabado el encanto.