Ignacio Camacho-ABC

• Sánchez ha ordenado tomar las instituciones judiciales por asalto y envía a Delgado como avanzadilla del desembarco

Es un frente contra la justicia. Más exactamente, contra la independencia judicial y la separación de poderes. Después de que Pablo Iglesias señalase como «enemigos» (sic) de la flamante Coalición Progresista a los «togados» (sic etiam), Pedro Sánchez ha ordenado tomar la posición rebelde por asalto. El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general es la cabeza de playa de ese desembarco, que fue ensayado con el sometimiento previo de la Abogacía del Estado. En noviembre, el presidente ya había dejado claro y sin cortarse un pelo que la denominación de Ministerio (Público) significa para él la convicción de que la Fiscalía forma parte del Gobierno. Y ha procedido en consecuencia, como si se tratase de la cartera número veintitrés o de la quinta vicepresidencia de ese Gabinete que parece la plantilla completa de un equipo de fútbol de Primera. Sans façon, que es la manera francesa de decir sin complejos ni vergüenza. La estabilidad del acuerdo con Esquerra exige asegurarse de que esos tipos con puñetas dejen de hacerle la ídem a Junqueras.

Esta designación es estéticamente indecorosa, judicialmente perturbadora y políticamente desaprensiva, porque supone una interpretación sectaria del principio de jerarquía y porque su mecanismo de puerta giratoria le falta el respeto a las más elemental concepción de la autonomía jurídica. Pero estamos sólo ante la primera ofensiva para colonizar la administración de justicia. Los siguientes objetivos son el Consejo del Poder Judicial, que nombra a los magistrados de las Audiencias y del Supremo, y el Tribunal Constitucional, último dique protector del Estado de Derecho. Si la oposición -y en concreto el PP, que es el que posee la capacidad de bloqueo- cede en este terreno, el Ejecutivo ejercerá sin ninguna clase de contrapeso un poder condicionado por la influencia de los nacionalistas en el Parlamento. Ésta es la batalla decisiva, crucial, de este mandato; no el déficit, ni la presión fiscal, ni las pensiones, ni la lucha contra el cambio climático. La independencia de los tribunales -o su control, en sentido contrario-, el papel de la ley como garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, es lo que separa un sistema democrático de la deriva autoritaria de los regímenes bolivarianos.

Pero de eso va exactamente esta medida: de exhibición de autoridad, de desdén por las críticas, de jactanciosa demostración de altanería, de provocación corporativa, de descarada ostentación de servilismo y disciplina. De suficiencia cesarista. Un paso más en la arrogante normalización de la anomalía que el sanchismo y sus aliados han convertido en rutina. Un aquí mando yo que expresa con nitidez el sentimiento de superioridad moral y de inmunidad política de la izquierda. Y un mensaje de advertencia para quienes, con toga o sin ella, sientan la tentación de moverse en la dirección incorrecta.