ETA sigue viva y Bildu aprueba medidas como si la banda terrorista «hubiese desaparecido». Esa es la tesis con la que el delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces, se aferró ayer a eso de por las buenas, o por las malas. Cabieces, al referirse a la eliminación de medidas de protección que la coalición abertzale ya ha impulsado en los ayuntamientos guipuzcoanos de Andoain y Lasarte, lanzó un mensaje: el Ejecutivo central no dejará «ningún hueco en el campo de la seguridad» que pueda poner en riesgo a los concejales de sendos Consistorios. Tanto es así, adujo, que desde Madrid se promoverán las actuaciones que sean necesarias. El anuncio del delegado gubernamental, hecho en una entrevista concedida a Radio Euskadi, es uno más de los que se han proferido en los últimos días desde las altas esferas del Gobierno central y vasco. Todos, además, vienen propiciados por la decisión de varios ayuntamientos gobernados por la coalición independentista de retirar las medidas de seguridad de sus respectivas casas consistoriales.
Primero fue Andoain, donde se prohibió la entrada de escoltas a las instalaciones municipales. Poco después, Lasarte recogió el testigo eliminando del ayuntamiento el detector de metales y el escáner. Si el delegado se solidarizó con los ediles que desempeñan su labor en Euskadi, diez asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo hicieron lo propio con el colectivo de escoltas, para los que pidieron «respeto» a través de un comunicado. Entre las firmantes se encontraban la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo; Dignidad y Justicia; las asociaciones de Galicia, Catalulña y Murcia; Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza; Fundación Círculo Balear; Fundación Gregorio Ordóñez; Voces Contra el Terrorismo; y Asociación por la Tolerancia.
EL MUNDO, 21/6/11