El delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, anunció ayer que exigirá a aquellos Ayuntamientos que decidan retirar la bandera española de sus fachadas que la vuelvan a colocar, en cumplimiento de la legislación vigente.
La insignia española peligra principalmente en los Ayuntamientos en los que gobierna Bildu, principalmente entre ellos San Sebastián. La coalición, por ejemplo, tras tomar el pasado sábado el poder en Lizartza, gobernado durante los últimos cuatro años por el PP, lo primero que hizo fue retirar la bandera española y dejar exclusivamente la ikurriña.
«Tal como hemos hecho hasta ahora, estamos haciendo y haremos en el futuro, cuando tengamos conocimiento del incumplimiento de la legalidad por parte de algún Ayuntamiento, le exigiremos la adopción de medidas para su cumplimiento», apuntó en declaraciones a Europa Press.
Cabieces recordó que los Ayuntamientos tienen «autonomía» y que la Delegación del Gobierno no puede obligarles a colocar la bandera española en sus fachadas. Sin embargo, subrayó que si los consistorios optan por obviar los requerimientos, recurrirá a los tribunales.
Colaboración
«En aquellos sitios que, de forma pública, hayamos tenido conocimiento, porque se ha actuado y se conoce a través de los medios de comunicación, de que se ha incumplido una ley, como puede ser la de Banderas, ese Ayuntamiento ya sabe que tendrá el requerimiento de la Delegación del Gobierno para que se cumpla la legalidad», enfatizó. «La posibilidad de exigencia del cumplimiento» también la pueden ejercer los concejales y el Gobierno vasco, ahondó.
Cabieces apuntó que «actuará con el mismo criterio y la misma normalidad con la que viene actuando hasta ahora en relación con los Ayuntamientos». El delegado aseguró que ha enviado un mensaje desde la Administración General del Estado a todas las corporaciones con el objetivo de mantener «la plena colaboración institucional» y ayudar «a mejorar los servicios a sus vecinos».
«En la Delegación del Gobierno tienen las puertas abiertas y la mano tendida para trabajar coordinadamente en beneficio de los vecinos, como hasta ahora. No vamos a cambiar ningún criterio de actuación», concluyó.
EL PAÍS, 14/6/2011