ABC-IGNACIO CAMACHO
En política, cuatro declaraciones consecutivas en el mismo sentido sugieren una estrategia, un mensaje corporativo
UNA declaración, en política, puede ser una opinión personal, aunque las palabras de un político siempre se interpretan no sólo desde lo que es sino desde lo que representa. Pero cuatro declaraciones consecutivas en el mismo sentido, y de personas con puestos relevantes, responden a un estado de opinión corporativo o a una estrategia. En pocos días, la delegada gubernamental en Cataluña, dos ministros y la vicepresidenta se han pronunciado a favor de la libertad provisional de los líderes independentistas encarcelados por el juez Llarena. Es decir, que sin llegar a ponerse un lazo amarillo en sus chaquetas han coincidido con quienes lo llevan en su deseo de ver a los presos del procés fuera. Demasiada gente, y sobre todo demasiado significativa, para que se trate de una simple coincidencia, por lo que resulta legítimo pensar, si no en una presión al poder judicial, al menos en una recomendación indirecta. Una sugerencia que al Gobierno le gustaría que fuese tenida en cuenta, aunque no se atreva a transmitirla a la Fiscalía para evitar la previsible escandalera.
En abstracto no sería difícil coincidir con Borrell, Cunillera, Batet y Calvo, dado que la Justicia española tiende a aplicar la prisión preventiva con un criterio en ocasiones abusivo, como de pena anticipada, y por plazos muy prolongados. Pero el de los dirigentes separatistas no es uno de estos casos porque la evasión de Puigdemont y media docena de altos cargos extiende sobre los demás procesados en la misma causa un riesgo de huida muy claro. Personajes relevantes como Sandro Rosell o Eduardo Zaplana –éste con un cáncer avanzado–, acusados de corrupción ambos, permanecen en la cárcel por la mera hipótesis de que disponen en el extranjero de medios para eludir a los magistrados. Si a ellos se les supone voluntad teórica de escapar, qué podría colegirse de los inculpados por rebelión a tenor del precedente diáfano de sus compañeros fugados. No existe en lógica penal ni moral un solo argumento capaz de justificar esa eventual diferencia de trato.
Lo que proponen o insinúan los ministros no es una deferencia humanitaria ni un gesto compasivo sino un movimiento de distensión, un guiño al nacionalismo. Quieren generar simpatía con sus socios, relajarles el ceño fruncido, mostrarse indulgentes con su victimismo, desmarcarse del sistema judicial tildándolo indirectamente de rígido o hiperestricto. Y de paso, crear un ambiente jurídico proclive a la benevolencia en el próximo juicio –el verdadero casus belli del independentismo– por si encuentran jueces dispuestos a seguir la doctrina de embarrarse la toga con «el polvo del camino».
Esta sucesión declarativa de ningún modo constituye una sucesión casual de apreciaciones personales. Hay un propósito coordinado de lanzar un mensaje de autoría identificable: esas voces no desautorizadas expresan el pensamiento de Sánchez.