Ignacio Camacho-ABC

• Sánchez ha asumido la tesis revisionista de ETA y Bildu: la Transición –¡¡hasta González!!– como apéndice del franquismo

Al extender hasta finales de 1983 la investigación memorial de los crímenes de la dictadura, con el único objetivo de complacer a Bildu, el Partido Socialista ha pasado a considerar al Gobierno de Felipe González –al menos al primero de ellos– como una prolongación del franquismo. No hay otra lectura posible, habida cuenta de que el primer delito atribuido a los GAL implicó la condena de varios altos cargos de aquel período, incluido un ministro. Sucede que ésa es exactamente la tesis defendida por ETA durante décadas, y ratificada hace algunos años por Pablo Iglesias en un discurso pronunciado ante el distinguido auditorio de una ‘herriko taberna’. La teoría de la Transición como farsa, como trampantojo de un pacto oculto de poderes concertados para dar continuidad a las estructuras heredadas de Franco bajo la apariencia de una falsa democracia encarnada por la Constitución del 78 y la monarquía parlamentaria de Don Juan Carlos.

Esa idea es la que acaba de asumir Sánchez. Y no en una reflexión histórica o política que intelectualmente queda lejos de su alcance sino en un proyecto legislativo al que ha dado su pronunciamiento favorable con tal de obtener el apoyo –…innecesario, por otra parte– de la coalición ‘abertzale’. Por supuesto, si la acusación llega a la etapa protofelipista abarca también toda la de Suárez. La obra de dos gigantes ensuciada con una capa de barro y de sangre por un presidente capaz de someterse al chantaje de los herederos del terrorismo con tal de estirar un rato más su trayectoria declinante. No es que haya acabado por aceptar aquella palada verbal de cal viva con que Iglesias irritó en su momento a la bancada socialista: es que él mismo se la ha echado a su antecesor encima. En su conversión al revisionismo populista se ha mimetizado con el más disolvente de los argumentarios podemitas. El que descalifica el marco constitucional como un entramado de libertades ficticias.

Y sí, claro que el GAL fue un crimen de Estado. Y su depuración judicial resultó clave en el desgaste de González y la extinción de su largo mandato. Pero al identificarlo o subsumirlo junto a los del régimen totalitario, el sanchismo deslegitima todo el proceso de restablecimiento democrático. Y no sólo hace suyo el relato de etarras, independentistas y radicales varios sino que blanquea los 387 asesinatos cometidos por la banda en aquellos ocho años, cuyas víctimas vendrían a ser algo así como daños colaterales de la resistencia contra la sombra del tirano. Aun así, quedarían fuera del cómputo otros quinientos muertos, una hecatombe que sigue esperando un gesto de respeto, una señal mínima de arrepentimiento por parte de esos testaferros que ejercen de costaleros del Ejecutivo ‘de progreso’. No lo habrá porque ahora el poder lo tienen ellos. Y se sienten en condiciones de escribir a su modo la historia del sufrimiento… ajeno.