EL CORREO 29/06/13
· El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, aseguró ayer que el cese de la violencia permite celebrar ya juicios sobre terrorismo en Euskadi. Durante su participación en la jornada ‘El derecho penal ante el final de ETA’, organizada en Bilbao por la Fundación Sabino Arana, recordó que la Audiencia Nacional asumió en su día las competencias para evitar presiones sobre los magistrados del País Vasco, y que quizá ahora se presenta de nuevo la ocasión para volver a recuperar las de «los órganos de comisión de delito». como en su día «tuvimos en temas de vigilancia penitenciaria», según indicó.
Calparsoro, que intervino junto a juristas, políticos y académicos, añadió que el derecho penal tiene un papel clave en la consecución de la terminación del terrorismo y la reconciliación. En su opinión, para avanzar en el proceso de paz «hay que aplicar el principio de legalidad y la interpretación de la ley por parte de los jueces y fiscales a la realidad actual y en función del proceso, la evolución y el tratamiento de cada preso». «Los cambios, de haberlos, siempre tienen que tener por fin adecuar la aplicación de la ley a la situación actual y personal» de cada recluso, manifestó.
El fiscal incidió en que el mantenimiento de la política de dispersión corresponde a Instituciones Penitenciarias, aunque matizó que «siempre puede haber una revisión por parte de los tribunales». El criterio, dijo Calparsoro, lo marcará siempre la Audiencia Nacional.
Junto a Calparsoro estuvieron presentes en el foro el juez de la Sala de los Penal del Supremo, Joaquín Giménez; la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo; el ararteko, Íñigo Lamarca; la exconsejera de Justicia Idoia Mendia, el secretario general para la paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández; Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco; e incluso el abogado de la izquierda abertzale Iñigo Iruin.
Erkoreka sostuvo que el cese de la violencia de ETA abre un escenario para reformar «las leyes que configuraron estados y situaciones de excepción» y «modificar políticas penitenciarias». «El papel que corresponde al derecho y a la justicia no puede quedar olvidado ni abandonado». «Deben estar al servicio de la convivencia democrática».
EL CORREO 29/06/13