Lo malo de despedir al jefe de las estadísticas es que después hay que nombrar a uno nuevo. Y no lo tendrá fácil su sucesor (el nombre de Israel Arroyo parece haberse caído) si decide junto a sus técnicos —el INE tiene un carácter muy presidencialista, pero no tanto— revisar al alza el PIB o a la baja el IPC. 

Es lo que sucede cuando se cambia al presidente de un organismo como Estadística en medio de la legislatura, un hecho verdaderamente insólito que sin duda contribuirá a la erosión que sufren en España algunas instituciones por la injerencia del poder político. No es de extrañar, por eso, el ‘extraño silencio’ que reinaba ayer en Castellana 183, sede del INE, como dice uno de sus inquilinos. Nadie quería hablar del tema. 

Cualquier revisión que beneficie al Gobierno será interpretada como la prueba del nueve de que se quería destituir a Rodríguez Poo porque no se plegaba a las órdenes de la vicepresidenta Calviño, e independientemente de quién tenga razón desde el punto de vista técnico, parece evidente que su sucesor tendrá que explicar muy bien por qué el INE cambia de opinión. Su nombramiento nace bajo sospecha de parcialidad. La credibilidad, ya se sabe, es un activo difícil de alcanzar, pero se puede perder en un minuto con una mala decisión si en septiembre, cuando toca publicar la Contabilidad Nacional anual de España, como se hace cada año, el resultado da aire al Gobierno. En EEUU, por ejemplo, el PIB sufre fuertes revisiones trimestralmente y no pasa nada. Nadie sospecha, porque la autonomía se les supone a las instituciones encargadas de velar por la rigurosidad de las cifras oficiales.

Este es el problema de fondo del recambio. El INE sale muy tocado porque el debate técnico, es decir, si se mide bien la evolución del PIB o si las ponderaciones de las cesta de la compra están bien construidas, ha sido sustituido por el político, y este es el peor escenario para un instituto que debe regirse por criterios científicos o, al menos, avalados por la comunidad de los facultativos estadísticos. Gusten o no a la opinión pública.

Independencia de los INE

Y parece evidente que el INE, cuya capacidad de analizar los datos es infinitamente superior a la que tienen los expertos de Calviño, cuenta con más medios y más profesionales para desentrañar los datos económicos. La crítica es legítima, pero ningún estudio parcial, ya sea interpretando los datos de empleo, de recaudación o de ventas en las grandes empresas, que son las principales cuestiones a discutir, puede superar la visión global que tiene el INE, más allá de que haya cometido un grave error por no mejorar el impacto real de la electricidad en el IPC. O, incluso, el insólito hecho de que haya creado tres grupos de trabajo para evaluar sus fuentes de información coyuntural (calendario, comunicación y utilización de los datos de alta frecuencia), pero ninguno para discutir las discrepancias de fondo sobre la medición del PIB. 

La producción de estadísticas no es cualquier cosa, de ahí que las normas europeas protejan de una manera explícita la independencia de los órganos encargados de publicar los datos. Entre otras razones, porque no solo afectan a los Estados miembros, sino al conjunto de la Unión Europea. El reglamento que regula el funcionamiento de las estadísticas europeas, de hecho, precisa la necesidad de “consolidar y garantizar la independencia de la autoridad estadística de la Unión [Eurostat], a través de un control parlamentario eficaz, y la independencia de los INE mediante mecanismos de control democrático”. 

Es importante que la información estadística se gane la confianza de la población 

Y eso es así porque una mala estadística, como sucedió en el célebre caso griego, no solo puede inducir a tomar malas decisiones en el país en cuestión, sino que puede arrastrar al conjunto de la Unión Europa, lo que explica que la metodología sea común. “Es importante”, dijo recientemente Steve Penneck, presidente del Instituto Internacional de Estadística, “que la información estadística se gane la confianza de la población al ser independiente de la influencia política”. 

Es verdad que quien nombra al presidente del INE es el Gobierno, y de ahí que pueda estar contaminada su elección —ha habido presidentes que han sido correas de transmisión del ministro de turno—, pero la tendencia general es la creación de órganos independientes en los que el presidente no pueda ser destituido, como sucede en el caso del gobernador del Banco de España o los presidentes de la CNMC o la AIReF.

Incapacidad sobrevenida

La presidenta de la Autoridad fiscal, por ejemplo, solo puede ser cesada por finalización del mandato, a petición propia, por estar inserta en alguna causa de incompatibilidad, por incapacidad sobrevenida, por condena penal o por incumplimiento grave de sus obligaciones. Desde luego, no puede ser destituida porque a la ministra de turno no le gusten sus informes. Por el contrario, está obligada a aceptar con resignación franciscana sus evaluaciones, pese a que su nombramiento lo hace el Consejo de Ministros a propuesta de la propia titular de Hacienda. En el INE, todavía hay quien recuerda el estupor que causó en Eurostat cuando el primer Gobierno de Rajoy nombró a Gregorio Izquierdo al frente del organismo a los pocos días de llegar al poder. Una señal que no gustó nada y motivó alguna correspondencia.

El propio Gobierno ha aprovechado la tramitación de la ley de comunicación audiovisual para incluir un artículo que obliga a que las estadísticas se ajusten a los principios de “independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, secreto estadístico, rentabilidad, transparencia, especialidad y proporcionalidad”.

Es más, hasta hace no muchas semanas, Calviño estaba dispuesta a blindar al presidente del INE aprovechando la tramitación de la ley de comunicación audiovisual, donde se había incluido una disposición final que ha caído definitivamente. Probablemente, porque de esta manera se podía facilitar el recambio del INE. Finalmente, el texto que ha salido señala que el presidente será nombrado por el Gobierno mediante real decreto “a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con la actividad estadística pública”. No lo tendrá fácil. Un verdadero caramelo envenenado.