Cambiar al ley a la desesperada

AHORA que pintan bastos para ambos en las encuestas, los dos grandes partidos tradicionalmente vertebradores de la sociedad española coinciden en pedir un cambio de la ley electoral. ¿Una reforma susceptible de acercar el elector al elegido mediante circunscripciones unipersonales, con el fin de obligar al político a responder ante el contribuyente que le paga el sueldo y regenerar así el maltrecho espíritu inspirador de nuestra democracia? No. ¿Una modificación del sistema destinada a acrecentar la representatividad de un modelo que castiga a los habitantes de las ciudades con respecto a los de los núcleos rurales y otorga una ventaja desmedida a los nacionalistas vascos y catalanes, permitiéndoles concurrir a las elecciones generales únicamente en sus respectivas comunidades autónomas, a pesar de tratarse de comicios nacionales? Tampoco. No hay diferencias a este respecto entre el Congreso y el Senado, como ocurre en otros países y sería lógico exigir en aras de respetar la necesaria proporcionalidad amén de honrar la función propia de cada cámara. Ni al PP ni al PSOE parece importarles demasiado que un mismo diputado le haya costado 227.000 sufragios a UPyD o 152.000 a IU, por 48.000 a los proetarras de Amaiur, 63.000 a CiU y 64.000 al PNV. Y no les importa, probablemente, porque tras las últimas votaciones de 2011 D’Hont les asignó a ellos mismos sus escaños a razón de 58.000 papeletas cada uno en el caso de los populares y 63.000 en el de los socialistas; o sea, a precio de saldo en comparación con las fuerzas minoritarias de carácter nacional. ¿Injusto? ¡Mucho! ¿Desproporcionado? Totalmente. Pero altamente conveniente para quienes han partido el bacalao institucional, turnándose en el poder al calor de este estado de cosas, sin cumplir más requisito que pagar peajes al separatismo con cheques al portador de una soberanía prestada cuya titularidad es nuestra.

La modificación que plantean ahora al alimón Susana Díaz en Andalucía y José Antonio Monago en Extremadura, con el beneplácito tácito de sus respectivos cuarteles generales, no va en la línea de corregir unos desequilibrios explicables en términos históricos, aunque obsoletos (por ejemplo, esta prima injustificable a las fuerzas que pretenden romper España o el blindaje de unos partidos fuertemente controlados por aparatos susceptibles de sortear las aguas turbulentas de la Transición, en un momento en el que resultaba prioritario garantizar las recién recuperadas libertades y la pluralidad), sino más bien en dirección contraria. Ya sea mediante la doble vuelta, ya sea entregando automáticamente el gobierno a la lista más votada, ambas pretenden reforzar el estatus quo cuestionado por la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el escenario. El estatus quo, ojo, no el sistema democrático, que precisa de una revisión profunda, una limpieza completa y una verdadra puesta a punto, si pretende recuperar su capacidad de seducción y, con ella, a las nuevas generaciones cada vez más distanciadas de la vida pública.

Necesitamos una nueva ley electoral, cierto. Una norma aplicable al conjunto de la nación y a todas las convocatorias a las urnas; no diecisiete normativas distintas hechas a la medida de cada región o cada mayoría coyuntural. Necesitamos una nueva ley electoral que aúne lo mejor de los modelos existentes en Europa (el alemán constituye una referencia de ponderación y equilibrio) con el afán de devolver al ciudadano el poder que le ha sido arrebatado por las maquinarias bien engrasadas de los partidos políticos, hasta el punto de impedirle saber quién le representa en su parlamento autonómico o en el Congreso y a quién puede pedir cuentas por la gestión llevada a cabo con su voto. Una ley fruto del diálogo y el consenso, fraguada en el sosiego que brinda una legislatura por estrenar y alejada de prisas y miedos. Una ley susceptible de proteger la unidad de España y su integridad territorial, seriamente amenazadas. Una ley genuinamente democrática.