Rectificar es de sabios, cambiar de opinión todos los días de necios» (Felipe González).

El presidente del Gobierno confirmó el jueves el ‘globo sonda’ que lanzo días atrás -y que volvió a reiterar ayer- su vicepresidenta tercera, en el sentido de que se iba a modificar el impuesto a las empresas energéticas que implantó hace meses. Lo justificó entonces y lo recordó ahora en que el impuesto trata de penalizar los beneficios que «les caen del cielo» en su actividad. Se llamaron así por que, según él, procedían de la acción del viento y del agua, dos elementos proporcionados por la naturaleza gratuitamente y sin coste. Aquella decisión causó un gran revuelo, pues no era un impuesto -tomó forma de gravamen- y se estableció en contra de toda lógica al aplicarse sobre los ingresos y no sobre los beneficios, dando por supuesto una realidad que es falsa. En efecto, como no todos los ingresos producen beneficios, grabar a los primeros supone un castigo inmerecido.

El Gobierno olvida que ‘los beneficios caídos del cielo’ y obtenidos «sin esfuerzo» (lo dijo así el presidente), exigen grandes inversiones previas para poder aprovecharlos y trasladarlos a las cuentas de resultados. El agua, sin presas, ni pantanos, ni las enormes maquinarias adjuntas produce riadas y desastres, no beneficios. Y el viento, sin aerogeneradores, se pierde en su loca carrera. Le puedo asegurar que las decenas de miles de millones que se invierten en este país para poder utilizar los ‘beneficios caídos del cielo’ no son gratis.

La medida tuvo un gran impacto y armó un gran revuelo, hasta el punto de que alguna empresa energética -principalmente pero no solo- del mundo del oil&gas amenazó con cancelar, retrasar o desviar parte de sus inversiones previstas al no estar de acuerdo ni con su contenido, ni con la práctica de cambiar la legislación a cada momento, lo que introduce una gran incertidumbre. Una incertidumbre que resulta inaceptable cuando se trata de inversiones que necesitan espacios temporales dilatados de certeza regulatoria para poder cubrir proyectos que implican largos plazos de maduración.

Dado el monto y la ‘sensibilidad’ de las inversiones amenazadas, relacionadas con el hidrógeno, y su impacto sobre la política industrial, el Gobierno anuncia ahora su revisión. Seguro que también habrán influido la sospecha de que la Unión Europea iba a tumbar el gravamen al estar tan mal planteado y las quejas del PNV.

Cuando en su momento escribí sobre esto, mis queridos ‘haters’ me acusaron en la red de estar vendido a las grandes empresas energéticas. ¿Estará vendido a ellas Pedro Sánchez? Pues ¡qué disgusto se va a llevar la señora Yolanda Díaz!