La Justicia francesa se lava las manos al trasladar a la política la patata caliente de una posible exclusión electoral, en vez de haberla apeado de las urnas con la fuerza de un fallo judicial que confirma la gravedad del castigo. La dirección del partido desvió fraudulentamente fondos del Parlamento Europeo, consignados para remunerar a los asesores de Bruselas, para asumir el pago de los salarios de empleados que trabajaban para formación en territorio francés. El fraude, de casi tres millones, ha empujado al precipicio a Le Pen, que había descartado asumir el papel de aspirante en determinadas «condiciones». Con una pulsera que limita sus movimientos en actos electorales y que sería, sobre todo, un estigma en la dignidad frente a sus rivales. La sentencia desactiva la acusación de ‘golpe de Estado judicial’ contra AN, aupada en los sondeos como la fuerza más votada, y frena la posibilidad de convertir en una mártir a la líder ultra, un victimismo que amenazaba con disturbios.

El funambulismo judicial abre dos dilemas. Uno en el ‘lepenismo’, asomado al riesgo de ceder el liderazgo al joven Jordan Bardella, lo que supondría perder el control familiar que inició con mano de hierro Jean-Marie Le Pen al fundar el Frente Nacional en 1972. La otra disyuntiva viene marcada por un salomónico fallo que no superaría la prueba del algodón de la obligada limpieza en política: contra la corrupción no caben los cálculos, sobre todo cuando se ratifica la gravedad del delito en dirigentes extremistas que agitan la bandera antisistema. No puede haber paños calientes para Marine Le Pen si es culpable ni tampoco doble moral para el británico Nigel Farage, el populista defensor del Brexit que ha renunciado a su escaño para tratar de escabullirse del escándalo de los lujosos regalos recibidos.