Carlos Cuerpo tiene un problema. Bueno, tiene varios, pero con este no contábamos. Y cuando un ministro de Economía tiene un problema que se intenta camuflar, es bastante probable que todos acabemos teniendo un problema mayor. Si la legión de asesores que pastan en Moncloa está buscando un buen relato para mitigar el tremendo impacto social y político del último accidente ferroviario, aquí tiene uno: la desastrosa gestión de los fondos Next Generation.

Dudo que este tema salga mucho en la campaña, pero sin duda sería un temazo. No se trata únicamente de que se hayan gestionado mal; el meollo del asunto es lo que nos va a costar la broma, que es la parte todavía ignota. Ahora me explico. Pero antes: cuando el próximo 1 de enero el próximo gobierno levante la persiana, se va a encontrar con un agujero en la caja de más de 70.000 millones de euros. Es el resultado de sumar a los intereses de la deuda, unos 46.000 millones en 2027 según los cálculos del Banco de España (el 2,6% del PIB), el déficit previsto en la Seguridad Social, alrededor de los 25.000 millones.

Eso sin contabilizar partidas de menor cuantía, pero sobre todo sin tener en cuenta el factor sorpresa, hasta ahora hábilmente silenciado pero que desde los altos niveles de la Administración General del Estado (AGE) ya se empieza a descontar (y discretamente a contar): la muy probable exigencia por parte de la Comisión Europea de que una parte más que respetable de los fondos entregados a España tenga que ser devuelta.

Desconfianza

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas, los encargados de supervisar el correcto uso de los fondos de recuperación, miembros del equipo del vicepresidente de la Comisión y comisario de Economía y Productividad Valdis Dombrovskis, optaron por aplazar hasta después de la Navidad la visita que iban a cursar en octubre a Madrid a los efectos de fiscalizar la aplicación de tales fondos.

Anoten este nombre, Dombrovskis, porque vamos a oír hablar mucho de él en un próximo futuro. Es la autoridad ante la que los gobiernos deben certificar que los desembolsos procedentes de los fondos Next Generation EU han sido utilizados de acuerdo con los hitos y las reformas previstas. Ya el pasado mes de mayo el comisario recibió en Bruselas a Cuerpo después de haber suspendido la entrega de 626 millones de euros debido al incumplimiento de uno de los hitos comprometidos.

La visita ahora pospuesta se iba a celebrar después de que nuestro país solicitara el último pago, por un valor total de 25.861 millones de euros, y en un ambiente de creciente desconfianza, consecuencia de sucesivas informaciones recabadas por la Comisión que cuestionan la ortodoxa atribución de importantes cantidades procedentes de esos fondos, e incluso de una utilización abiertamente contraria a los requisitos de obligado cumplimiento exigidos por Bruselas.

Opacidad

Distintas fuentes de la alta Administración General del Estado ya admiten que la gestión de los NextGen ha sido como poco decepcionante. Empezando por el retraso en su gestión: el primer año no se llegó a aplicar ni un solo euro, y a partir de ahí siempre se ha ido a remolque, sin una planificación cerrada. A golpe de urgencia.

De hecho, en octubre de 2025 la entonces presidenta de la Airef, Cristina Herrero, alertaba de que no llegábamos; de que con el 50% de los fondos ya recibidos solo nos quedaba para su correcto reparto, y para afrontar las reformas comprometidas, el 20% del tiempo. Y dijo más. Dijo, sin que se le hiciera demasiado caso, que era imposible saber con exactitud cómo se estaban aplicando.

No ha habido ninguna transparencia. Lo que sabemos, y sabe la Comisión, es que llegaron las prisas y el Gobierno decidió transferir 15.254 millones de euros de los Next Generation a distintos organismos del Estado (como el ICO, el IDEA o la SETT) en una operación consistente en “embalsar” el dinero para que Bruselas lo diera formalmente por ejecutado.

Escándalo

Lo que sabemos, es que otros 15.000 millones se han utilizado como gasto corriente, fundamentalmente para pagar las pensiones. Y que una cantidad todavía no precisada del montante entregado y gastado por comunidades autónomas y ayuntamientos no va a cumplir, como consecuencia de una flagrante incapacidad de gestión, las condiciones exigidas por la UE. No es que no hayan realizado correctamente las inversiones; es que en muchos casos se han saltado los trámites.

También acabamos de saber que la Fiscalía Europea, que ya investigaba una posible malversación de fondos comunitarios en la reparación de la vía de Adamuz, ha abierto una nueva pesquisa por un posible fraude en la alta velocidad tras el accidente de Urda. Y lo que aún no sabemos, a la vista de este cúmulo de aparentes infracciones y fundadas sospechas, es qué parte de esos más de 25.000 millones que reclama el Gobierno va a ser retenido por Bruselas.

Más tardaremos todavía en saber, y será al próximo gobierno al que le estalle la bomba, cuántos miles de millones tendremos que devolver. No se trata de alarmar por alarmar. Son, serán, habas contadas. El cálculo que hacen altos funcionarios de la AGE cifra en un 35% las cantidades recibidas que no se van a poder justificar y por tanto habrá que reintegrar: unos 35.000 millones, si finalmente recibimos los 101.300 millones solicitados. Sumemos: 35.000 (fondos a devolver) + 70.000 (deuda y déficit SS); una abrumadora herencia que quien venga detrás de Sánchez tendrá que asumir y negociar. Quizá, visto desde la perspectiva de la futura oposición, también se trataba de eso.

Con un lastre como este, de más de 100.000 millones en el contexto de un 2027 sin fondos europeos, y con una recaudación fiscal inferior a la actual, al menos en los primeros años (¿dos?; ¿tres?) -siempre y cuando el teórico nuevo gobierno cumpla sus promesas y rebaja los impuestos a las clases medias-, lo que habría que aconsejar a quien tenga que asumir el desafío es que se procure en Moncloa, cuanto antes, una habitación del pánico.

Hacerse un Solbes

Sin fondos, con un agujero gigantesco en la caja y sin haber solicitado, al contrario de lo que ha hecho Italia, préstamos por valor de 61.700 millones de euros. Nadie lo entiende. Nadie ajeno a la insondable voluntad de Pedro Sánchez entiende que con los gravísimos problemas que se han evidenciado en áreas tan sensibles como el mantenimiento de las infraestructuras o la vivienda, hayamos despreciado estos créditos, ventajosos y de plazos políticamente negociables.

Quizá nos lo pueda aclarar Carlos Cuerpo. Al vicepresidente primero y ministro de Economía (y ahora también de Transportes), no se le puede ni debe endosar ninguna responsabilidad directa sobre lo ocurrido en Adamuz o en Toledo. Pero sobre el uso de los fondos, sobre el escándalo político que en cualquier país provocaría la más que probable obligación de devolver una exorbitante cantidad del dinero recibido, sí debería dar muchas explicaciones. Y qué mejor oportunidad que hacerlo en una campaña electoral.

Aunque lo más probable, me temo, es que se haga un Pedro Solbes (buen ministro y excelente persona que ensució el fin de su carrera mintiendo a los españoles sobre la crisis financiera en la campaña electoral de 2008, como él mismo reconoció posteriormente en un estupendo libro de memorias).

Las citas (apócrifas) del sábado: complicidad y estupidez

-«Los ciudadanos que eligen a gobernantes corruptos, impostores, ladrones y traidores no son víctimas, son cómplices». George Orwell.

-«No es el poder el que corrompe a los hombres; son los hombres estúpidos, si llegan a una posición de poder, los que corrompen al poder». George Bernard Shaw.