JOSÉ MARÍA MÚGICA-EL MUNDO

El autor pide al presidente del Gobierno que convoque elecciones para, posteriormente, gane quien gane, poner el mandato constitucional de convivencia cívica por encima de cualquier otra razón.

SAN SEBASTIÁN, 6 de diciembre de 2018

Distinguido presidente:

Hace 40 años, recién alcanzada la mayoría de edad, voté nuestra Constitución. Voté sí por un montón de buenas razones. Porque esa ley me convertía en ciudadano; porque significaba la segunda y definitiva muerte –tras la física– del dictador y su obra política. Porque los que entonces nos asesinaban en el País Vasco traían la papeleta del no. Voté también a la memoria de mi abuelo republicano, muerto en la guerra, que no pudo conocer una España reconciliada y en paz. Voté porque aquella Constitución me parecía nuestra mejor ley de memoria histórica. Y voté también porque en aquella papeleta se encontraba el mandato que pronunció Manuel Azaña un 18 de julio de 1938 en Barcelona: «Cuando la antorcha pase a otras manos, a otras generaciones (…) que piensen en el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón».

Sí, la antorcha pasó a otras generaciones, con la ambición de la mejor España. La Constitución que derrumbó las trincheras, nos reconcilió y nos condujo a la concordia y a la libertad. Se puede ser socialista o conservador, de izquierda o derecha; todo eso es legítimo en democracia, pero al mismo tiempo resulta secundario. Porque lo decisivo reside en respetar la ley de los ciudadanos, sean como sean, piensen como piensen.

Hoy, ninguno de los problemas que tiene la España actual trae causa de la Constitución. Al contrario, los mayores problemas de este día dimanan del empeño de algunos en debilitar esa Constitución.

Hoy existe en España un Gobierno socialista. Lo peor es que son sus aliados parlamentarios quienes combaten esa Constitución desde posiciones reaccionarias y demagogia impostora.

Cuando Podemos invoca el derecho a decidir, viola el principio irrenunciable de la izquierda que manda que la soberanía reside en la nación. Para la izquierda, la nación no puede ser un concepto discutido ni discutible. Al revés, se trata de un concepto decisivo: ciudadanos libres e iguales amparados por la Constitución que les protege del despotismo. Si esa soberanía ciudadana se trocea, si se escabulle al conjunto de las personas, si los territorios están por encima de la ley, rompemos la soberanía ciudadana y, con ello, la nación misma.

Cuando Podemos habla de república, ¿de qué está hablando? ¿Tal vez se trata de una república parlamentaria al estilo italiano, con sus embrollos institucionales que la paralizan? ¿Tal vez de una república presidencial al estilo norteamericano que dirige Trump? ¿Tal vez, en su regresión reaccionaria, se refieran a la Segunda República española?; y en tal caso, ¿a cuál de sus periodos: al bienio azañista, al bienio negro, al frente popular o a la Guerra Civil? Jamás Podemos dice de qué habla. Aunque tal vez la respuesta sea más sencilla, y se encuentre en el modelo de tiranía de la república venezolana. Será necesario decir a esta gente que nuestra monarquía parlamentaria, al igual que las que rigen en el norte de Europa, será siempre el modelo mejor.

Cuando triunfa la censura de lo políticamente correcto, se divide al país porque se crean carnés de buenos o malos ciudadanos, los fachas. Resulta tan insoportable como ocurrió durante décadas en el País Vasco, donde los terroristas otorgaban también el carné de mal vasco al que luego asesinaban. Tan insoportable como la dictadura y su nacionalcatolicismo, que dividía a los buenos y a los malos españoles, los rojos.

Todas esas vergüenzas reaccionarias e impostoras son creación de Podemos. Como también lo son de los nacionalistas catalanes, presididos por el señor Torra, cuyos escritos de corte racista dieron pie a que fuera definido con certeza como el Le Pen catalán. O también, como ERC, golpista ya por partida doble; en 1934 contra la República, en 2017 contra la Constitución. Asaltar en Cataluña la ley de los ciudadanos es rebelión contra los ciudadanos. Lo dijo el presidente Kennedy: «Los ciudadanos son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar el mandato de los tribunales y de la Constitución, ninguna ley estaría fuera de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos».

Con profundo respeto a todos los electores, tengo la esperanza de que la derecha democrática no se deslice tras alcanzar acuerdos con Vox. De que el socialismo democrático no persista en la búsqueda de alianzas imposibles con Podemos o nacionalistas catalanes; porque esas alianzas acabarían infectando el alma misma del PSOE. La búsqueda del Gobierno a cualquier precio se paga muy caro, al coste del desgobierno y la desintegración cívica. Y al cabo, es mejor perder las elecciones que perder el alma.

Creo que el balance de los Gobiernos no se sustenta tan sólo sobre criterios de progreso material en los países. Que más importante resulta evaluar si esa acción de Gobierno convoca mejor a la ciudadanía o la divide. Y temo que el balance de esos cinco meses sea desfavorable.

Por eso, ejerzo mi derecho de petición. Convocar elecciones ya, que hablen los españoles y acabar así con este estado de cosas. Y, al día siguiente, gane quien gane, poner el mandato constitucional de convivencia cívica por encima de cualquier otra razón. Si se busca una mínima grandeza, ése habrá de ser el camino. Cada vez importa menos la etiqueta de quién gobernó, y más importa cómo se gobierna. No se trata de rehacer el mundo. Hay una tarea mejor, evitar que nuestro mundo democrático se deshaga.

José María Múgica Herasha ejercido distintos cargos orgánicos en el PSOE y es hijo de Fernando Múgica, socialista asesinado por ETA.