Acabaron las elecciones catalanas. Ya sabemos los resultados.  Se volverán a reclamar soluciones políticas para Cataluña en lugar de la judicialización de la política. Y no debemos olvidarnos de la declaración del vicepresidente segundo del Gobierno de España sobre la falta de plena normalidad democrática en España. Esa declaración no puede deberse a un afán por contribuir a fortalecer la democracia en nuestro país; ni tampoco es un canto al sol en campaña electoral. Hay cosas que no se deben decir ni con campañas ni sin campañas. Y si se dicen hay que encontrar la trampa.

Pablo Iglesias sabe- como sabemos todos- que la secesión de un territorio no se justifica por el mero deseo de separarse. No vale poner ejemplos de otras latitudes como el caso de los derechos civiles en los EEUU de América. La acción política que se llevó a cabo bajo el liderazgo de Luther King respondió a la discriminación que sufría un colectivo en virtud de sus rasgos físicos. En ese caso, además, la lucha que se llevó a cabo no fue para que la comunidad afroamericana se separara del resto de ciudadanos, sino para convertirse en ciudadanos como los demás. Cuando Rosa Parks se negó a levantarse del asiento que ocupaba en un autobús para que se sentara un blanco, no lo hizo para ser tratada de manera diferente sino para ser tratada de la misma forma que al resto de ciudadanos norteamericanos. Cuando ese legítimo deseo no puede llevarse a buen puerto, la sistemática violación de derechos humanos justifica la separación. En Cataluña no existe discriminación racial, ni violación de derechos humanos, ni es un territorio ocupado. La secesión que reclaman los independentistas se basa en la pura voluntad de separarse. No existe falta de democracia que justifique la secesión de ese territorio.

Tras las elecciones del domingo pasado, los independentistas no podrán seguir con la matraca de que dos millones de catalanes votan por la independencia

Y en la mentira de la supuesta falta de democracia es donde entra el Sr. Iglesias. Si se predica que si no hay democracia la secesión está justificada, la declaración de que España es una democracia imperfecta alimenta el intento de los independentistas de liquidar la Constitución de 1978 y el “régimen constitucional” al que dieron su voto favorable casi el noventa por ciento de los españoles y, algo más, los catalanes. El conocido remedial secession, expuesto en la Declaración de Kosovo, y defendido por algunos independentistas, regula la secesión de una comunidad cultural sin necesidad de una aceptación previa del «Estado matriz» cuando se ejerce violencia sistemática contra esa comunidad.  Este argumento resulta inaceptable en el caso catalán habida cuenta de que no existe un escenario de violencia y prima el Estado de derecho.

Tras las elecciones del domingo pasado, los independentistas no podrán seguir con la matraca de que dos millones de catalanes votan por la independencia. Con respecto a las autonómicas de 2017, JuntsXCat pasó de 948.233 votos a 567.421 (11% de la totalidad de votantes). ERC solo obtuvo 602.658 (otro 11%) frente a los 935.861 de 2017. La CUP, que tuvo 195.670 votos, ha bajado a 108.830 (el 4%). En total, las opciones claramente independentistas han llegado a la cifra de 1.358.909 (24,1%). Han perdido 720.431 votantes.

Cualquiera que sea el futuro inmediato de Cataluña, los independentistas ya solo podrán decir que ellos representan a 1.358.909 de catalanes sobre un total de 5.623.962 electores. Se acabó lo de dos millones de catalanes quieren la independencia. Una simple regla de tres les saca de su error.  No se puede seguir aceptando la afirmación completamente falsa de que en estas elecciones ha crecido la voluntad independentista del pueblo de Cataluña y el deseo de decidir libremente su futuro.

Independentistas de ámbito local y constitucionalistas de ámbito estatal tienen la obligación de respetarnos y de tratarnos como a ciudadanos adultos en cuyo nombre ejercen su representación

Si de verdad todos los que han participado en este proceso electoral creen en la democracia y respetan a los ciudadanos, va siendo hora de que después de tantos años con declaraciones, juicios, fugas, cárceles, tribunales, etc., se pongan las cartas sobre la mesa y se nos diga la verdad de las intenciones reales de cada uno de los contendientes. Independentistas de ámbito local y constitucionalistas de ámbito estatal tienen la obligación de respetarnos y de tratarnos como a ciudadanos adultos en cuyo nombre ejercen su representación. Bastante se  está deteriorando la democracia como para que sigamos permitiendo que en estas elecciones, como en otras recientes, sea la abstención el partido ganador. Bastante se está ignorando la voluntad de los electores en Italia, donde se forma un Gobierno sin ningún tipo de respaldo electoral. Y bastante incertidumbre tenemos los ciudadanos con la pandemia que nos agota cada día más y que va matando a la economía por etapas, como para que ahora volvamos a la incertidumbre política por no saber a qué juega cada quien.

Ya sabemos el resultado; ahora, todos deben poner las cartas sobre la mesa para que sepamos dónde se va, cómo y por qué. Quienes firmaron que no pactarían con partidos constitucionalistas, que digan claramente qué gobierno piensan formar y cuándo, cómo y de qué manera piensan declarar esa independencia por la que tanto suspiran. Ya no vale amagar y no dar. Ya no vale marear la perdiz. Sean valientes y digan lo que van a hacer. Y quienes dicen respetar la Constitución y la legalidad, que digan cuál es su resto en esta partida. Digan por donde no van a pasar jamás. Digan qué es lo máximo a lo que están dispuestos a llegar. Y lo que digan unos y otros hagan el favor de cumplirlo a rajatabla para que sigamos con la incertidumbre de la pandemia y eliminemos la incertidumbre política. Tenemos derecho a saber qué va a pasar en nuestra casa. No somos invitados. Somos los dueños de la soberanía nacional.