Fernando Garea-EL CONFIDENCIAL

El presidente del PP somete a tensión la estabilidad de las comunidades en las que necesita el apoyo de Vox y facilita a Abascal un papel más fiero con el Gobierno

“Había que hacerlo tarde o temprano, no había más remedio, pero supone asumir un riesgo evidente y unas consecuencias políticas más allá de los nombramientos”. Así explica un dirigente del PP la decisión de Pablo Casado de negociar e intentar pactar, al fin, la renovación de la dirección de RTVE, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

El pacto entre el PP y el Gobierno lo cierran estos días el número dos del PP, Teodoro García Egea, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. Y, a su vez, este último negocia con Unidas Podemos y PNV, entre otros partidos. Por el momento han cerrado el de RTVE, el primero de la lehislatura. Para el resto aún hay escollos, con vetos cruzados entre el partido de Casado y el de Pablo Iglesias, pero al menos hay voluntad del PP para cerrar esos acuerdos. Anoche, Moncloa hizo público que, después de contactos durante todo el día «ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto» sobre el resto de instituciones a renovar. Se supone que, pese a todo, seguirán negociando, aunque el pacto está siendo más complicado de lo previsto.El propio Casado dijo el miércoles en el Congreso que está dispuesto a asumir el riesgo del giro del partido hacia la moderación, que empezó en la moción de censura de Santiago Abascal, cuando rompió con Vox, y que ha tenido luego la consecuencia cronológica del batacazo en Cataluña.

De hecho, el gran riesgo de Casado, según admiten fuentes del PP, es fortalecer a Vox como fuerza de oposición y, además, poner en dificultades la estabilidad de los gobiernos de comunidades autónomas donde el PP, en coalición con Ciudadanos, depende del voto del partido de extrema derecha. El peligro de que el pacto deje el espacio de oposición libre para Abascal.
Pero esas fuentes añaden que el objetivo es lograr reforzar el perfil del PP como partido de Estado. Ya desde hace meses, dirigentes de este partido sostenían que Casado debía reforzar los perfiles a los que no puede llegar Vox, en concreto, la capacidad de llegar a pactos de Estado y completar las mayorías necesarias para los nombramientos.La dirección del PP explica que esa opción se ha visto dificultada por la decisión estratégica de ignorar a los populares, para polarizar por el interés electoral de dividir al electorado que va de la extrema derecha al centro e impedir así mayorías alternativas a las de la izquierda y los nacionalistas o independentistas.

Obviamente, Moncloa culpa al PP por su negativa a pactar, por ejemplo, los nombramientos paralizados hace dos años, aunque estuvieron cerca de cerrarse el pasado mes de julio. La prueba de que Casado se negaba a hacerlo por interés electoral, aseguran, es que el líder del PP ha aceptado negociar en cuanto han pasado las elecciones catalanas.
Hace años, con el llamado bipartidismo, todo era más fácil para el PP y el PSOE a la hora de pactar los nombramientos. Ahora tienen a Vox y Ciudadanos criticando el acuerdo y, además, estos dos partidos disputan votos con el PP. Así ha quedado claro en el pleno de este jueves cuando se debatía y votaba la elección de la cúpula de RTVE.En todo caso, se ha demostrado que el Gobierno tiene margen para señalar a Casado como interlocutor y líder de la oposición. El Gobierno puede elegir entre el beneficio electoral inmediato de tener a Vox más fuerte con el PP más débil o lo contrario, lo que impide que crezca la ultraderecha, pero es peor en las urnas para el PSOE. De hecho, las elecciones catalanas con el sorpaso de Vox al PP y la encuesta posterior del CIS que mostraba un ascenso del partido de Abascal encendieron las alarmas en el Gobierno y en partidos que lo apoyan en el Congreso, como informó El Confidencial.

El PP llegó demasiado lejos en su negativa reiterada a pactar las vacantes y eso hace más difícil explicar el giro de estos días. Sobre todo porque se basaba en condiciones imposibles de cumplir por el Gobierno como se aprecia ahora, por ejemplo, la petición de aparcar a Unidas Podemos. Los populares necesitan por ello subrayar que han vetado a vocales propuestos por Unidas Podemos, aunque no está claro que los de Pablo Iglesias vayan a ser finalmente apartados de las instituciones que se renuevan.

La condición del cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ es también difícil, porque no puede aplicarse en este caso y porque ha sido siempre problemática para el PP. Siempre ha defendido la elección corporativa en lugar de la parlamentaria, recientemente presentó una proposición de ley para modificarlo, pero siempre que ha gobernado ha evitado cambiarla y, por supuesto, siempre ha pactado las renovaciones aceptando la elección en Congreso y Senado.

Casado ahora está obligado a compaginar la dureza de su discurso de oposición con el pacto. Así lo hizo en el pleno de este miércoles, en el que mantuvo la fiereza contra el Gobierno, acusándole de mentir, reprochándole los muertos de la pandemia, asegurando que “jalean la violencia” y afeando los pactos con “golpistas y albaceas de ETA”. Y al mismo tiempo, Bolaños y García Egea intercambiaban nombres, en un ambiente cordial. Tiene la ventaja el líder del PP de que ahora viene un tiempo libre de elecciones, en teoría, hasta finales de 2022, con las andaluzas.