Durante los últimos 35 años, PSOE y PP —o PP y PSOE, tanto monta— se han estado repartiendo los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, a partir de ahí, las más altas magistraturas del país. Que sean los partidos quienes escojan a sus jueces supone una voladura descontrolada de la separación de poderes: si las fronteras entre el ejecutivo y el legislativo ya son harto estrechas en nuestro país —como en toda democracia parlamentaria—, que además el judicial sea controlado al alimón por ese maridaje del legislativo y el ejecutivo convierte la situación en verdaderamente obscena. 

Cualquier persona moderadamente partidaria de la separación de poderes no podía más que sentir un profundo rechazo hacia el mercadeo institucionalizado de la judicatura entre los dos grandes partidos. Cuando Ignacio Cosidó, ante el inminente (y felizmente frustrado) cierre de la negociación entre PP y PSOE por el reparto del CGPJ, dijo que el PP seguiría controlando la Sala Segunda del Supremo desde atrás, no estaba exagerando en lo más mínimo: ese era el objetivo real del PP cerrando el pacto; como lo era también, respecto a otros objetivos similares, por parte del PSOE.

Pero, sorprendentemente, la postura del Partido Popular en estas negociaciones ha dado un giro de 180 grados durante las últimas semanas. De convenir en repartirse los jueces a romper la baraja de la negociación política si no es para pactar un método despolitizado de elección de los miembros del CGPJ, esto es, que quede al margen de la arbitrariedad de PSOE, PP y cualquier otra formación. De eso y de nada más —de la despolitización de la Justicia— es precisamente de lo que deberían estar hablando ahora mismo Sánchez y Casado, puesto que las fórmulas para hacerlo son muy variadas y todas ellas tienen ciertos pros y ciertos contras (en estas mismas páginas, pudimos leer la muy acertada propuesta de Jesús Fernández Villaverde de recurrir a la insaculación para escoger a los miembros del CGPJ, minimizando así el riesgo de endogamia que implicaría la elección directa del CGPJ por los propios jueces). 

Pero no: las conversaciones están encalladas porque el PSOE quiere seguir repartiéndose los jueces y el PP —en este sorprendente cambio de actitud— está rechazando perpetuar el infame sistema de reparto político de los jueces. Y si los dos partidos no pactan, la negociación se bloquea ‘sine die’. Para que no quepa ninguna duda sobre lo que está ocurriendo: sí, Casado le está echando ahora mismo un pulso no solo al PSOE sino también a la corruptora legalidad vigente.

Partiendo de una posición de fuerza negociadora que le otorga contar con mayoría ‘conservadora’ dentro del archicaducado CGPJ actual, el líder de los populares está colocando a Pedro Sánchez ante una disyuntiva muy clara: “O despolitizamos entre los dos la Justicia o perpetúo unilateralmente la politización derechista del CGPJ”. Es este el único contexto en el que Sánchez podría terminar cediendo (aunque probablemente no lo haga): aquel en el que cualquier decisión que tome le perjudique y en el que, precisamente por ello, acaso le interese escoger el mal menor en forma de despolitización de la Justicia. Por consiguiente, es un pulso, sí, pero es un pulso en favor del restablecimiento de la muy erosionada separación de poderes en España: es un pulso al que todo ciudadano que no tenga la vocación de siervo debería dar su apoyo; es un pulso de quienes defienden la independencia del Poder Judicial frente a quienes aspiran a que, parafraseando a Bolaños, los políticos sigan siendo quienes escojan a sus jueces.

Se me escapan las razones por las que el PP ha pasado de contribuir activamente a enfangar la Justicia española a intentar retirar el lodazal que durante tantos años ha ido acumulando sobre la misma. Puede que los de Casado hayan terminado por entender algunas de las condiciones más elementales de un Estado de derecho o puede que tan solo nos hallemos ante un órdago negociador para conseguir que el PSOE les acabe cediendo una mayor cantidad de asientos en el CGPJ. Si se trata de lo primero, no podré más que aplaudir a Casado por este decoroso cambio de actitud (una posición, por cierto, que tanto Ciudadanos como aparentemente Vox ya venían defendiendo desde hacía años) y por el valiente pulso que le está echando a aquel ‘establishment’ político que desea seguir controlando la Justicia por la puerta de atrás (como el propio Casado aspiraba a hacer hace unos años); si se trata de lo segundo, solo cabrá mostrar el más enérgico de los rechazos contra Casado por haber embrutecido el buen nombre del Estado de derecho mediante tan artera artimaña negociadora.

 Para bien o para mal, lo descubriremos en el futuro: si Casado se mantiene firme en no pactar otra cosa que no sea un método despolitizado de elección del CGPJ, habrá contribuido decisivamente a la regeneración de las instituciones españolas; si acaba contemporizando y repartiéndose los jueces con el PSOE (por enésima vez en nuestra historia), se habrá mofado y habrá traicionado irreversiblemente a los españoles y al Estado de derecho.