“Señorías, las recomendaciones del Pacto de Toledo no son perfectas, y lo sabemos”, sostenía el pasado 19 de noviembre el diputado Cabezón Casas, portavoz del PP en la reforma de las pensiones, “pero podemos decir orgullosos que este acuerdo fortalece la Seguridad Social y sus principios fundamentales: sistema público de reparto, solidaridad intergeneracional y caja única”. Que se sepa, el proyecto de ley presentado por el Gobierno no quiebra ninguno de esos principios, pero ayer el grupo popular —su portavoz volvió a ser el diputado Cabezón Casas— votó a favor de devolver al Ejecutivo el proyecto de ley. No lo consiguió. 

Es verdad que el texto remitido por el Gobierno no aborda los asuntos más peliagudos, y que necesariamente son los más relevantes para garantizar el sistema público de protección social, pero también es cierto que la reforma que inició ayer su tramitación parlamentaria se ajusta al espíritu y la letra del Pacto de Toledo e incorpora uno de los asuntos esenciales para los nueve millones de pensionistas que hoy reciben alguna prestación pública, y que no es otro que la revalorización de las pensiones en función de la evolución del IPC en aras de garantizar el poder adquisitivo.

Por eso sorprende la estrategia parlamentaria del PP, incluso más agresiva que en 2011, cuando un Zapatero acorralado por Bruselas, en medio de una formidable crisis económica, se vio obligado a aprobar una reforma de las pensiones —ver el texto— que en síntesis suponía elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años y un incremento del periodo de cálculo de 15 a 25 años de forma progresiva. Es decir, una reforma muy dura en un contexto de crisis económica y de creciente desconfianza en las instituciones (unos meses antes, había nacido el 15-M).

En aquella ocasión, el Partido Popular de Rajoy, Montoro y Báñez, con una oposición muy dura a Zapatero, se abstuvo, pero ahora ha decidido tirar por la calle de en medio y ha reclamado la devolución del texto, algo incomprensible teniendo en cuenta que el PP sabe mejor que nadie que cualquier reforma de las pensiones sin un amplio consenso está condenada al fracaso. El PP lo conoce porque lo ha sufrido en sus carnes.

La reforma de 2013, que sacó adelante cuando tenía mayoría absoluta, ha visto cómo sus dos principales medidas, el índice de revalorización con un mínimo del 0,25% y el factor de sostenibilidad, para tener en cuenta la esperanza de vida y el número de jubilados, entraron en vía muerta hace ya algunos años. Precisamente, cuando el PP dejó de tener una mayoría parlamentaria suficiente, lo que le llevó a renegar de su propia reforma. Las pensiones volvieron a subir como el IPC y del factor de sostenibilidad nunca más se supo.

Argumentos técnicos

La lección es clara. Mejor hacer reformas de pensiones por consenso, aunque no se consigan todos los objetivos, que utilizarlas para hacer oposición política pura y dura. Sin matices. Claro está, salvo que Casado y los dirigentes de su partido piensen que en las próximas elecciones van a obtener mayoría absoluta, lo cual es altamente improbable. Tampoco parece creíble que una vez en el poder Casado tendrá interés en derogar la actual reforma, que es verdaderamente ‘light’, lo que indica que ha sido un no sin argumentos técnicos.

Tiene razón el PP, sin embargo, en que el nudo gordiano de la reforma de la pensiones, su financiación, apenas se aborda en el texto presentado por el ministro Escrivá. En primer lugar, porque es más fácil construir una mayoría para subir las pensiones (como el IPC) que para recortarlas, que en el fondo, aunque no se diga de forma explícita, es lo que se busca con el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que es un remedo del viejo factor de sostenibilidad, y que en la reforma de 2013 pretendía actuar directamente sobre la cuantía de la pensión. 

Pero también por una razón de oportunidad política. CCOO, uno de los firmantes del acuerdo de pensiones, celebra congreso confederal en la tercera semana de este mes, y el ministro Escrivá ha preferido tomarse tiempo para presentar en público su propuesta. Es casi temerario hacerlo antes de un cónclave sindical. Tiene tiempo. Entre otras cosas, porque en el componente 30 que se pactó con Bruselas el plazo que se dio para aprobar el nuevo mecanismo es “antes de la finalización de 2022”, lo que significa que no es incompatible aprobar una parte este año y el resto a lo largo del próximo.

De lo que se trata es de reducir la llamada tasa de reemplazo. Es decir, la diferencia entre el último salario percibido por el trabajador al abandonar la vida laboral y la primera paga a cargo ya de la Seguridad Social, y que en España, según la OCDE, se sitúa en el 72%, una de las más altas de la región. Sin duda, por el fracaso de los planes complementarios, principalmente de empresa, lo que lleva al Estado a hacer un sobreesfuerzo para garantizar, al menos, una pensión digna. 

Se trata, evidentemente, de un asunto nuclear, y por eso sorprende todavía más la posición del PP, que algún día, si gobierna y los problemas de las pensiones siguen ahí, como todo parece indicar, necesitará apoyos de otros grupos parlamentarios para introducir instrumentos de ajuste, se llamen factor de sostenibilidad o un mecanismo de generación intergeneracional. Y, por supuesto, un aumento de los años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones, 25 años en 2022, que es la madre del cordero de cualquier reforma.

 No es un asunto menor. Como se ha dicho, Casado conoce mejor que nadie lo que pasó con la reforma de 2013 de Rajoy, que duerme el sueño de los justos. Conviene recordar que el factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero fue suspendido en 2018 por el mismo Gobierno que lo aprobó. Precisamente, por falta de consenso, como la reforma del sistema educativo o la reforma energética, sometidas a vaivenes ajenos a lo que deben ser políticas de Estado. Y hay pocas dudas de que las pensiones entran en esa categoría.