Caso Faisan: El recibo del chivatazo

EL MUNDO 24/04/13

· ETA certificó en junio de 2006 el cobro de los 54.000 que la redada abortada el 4 de mayo en el Faisán iba a impedir.

El comprobante en el que la banda confirma a los extorsionados que " el apoyo económico de 54.000 euros se ha recibido íntegramente".
El comprobante en el que la banda confirma a los extorsionados que ” el apoyo económico de 54.000 euros se ha recibido íntegramente”.

«Con este documento, Euskadi Ta Askatasuna confirma que el apoyo económico de 54.000 euros solicitado en noviembre de 2001 se ha recibido íntegramente». El sumario del caso Faisán incluye la prueba documental de la colaboración con ETA: el recibo en el que la propia banda terrorista confirma que ha recibido el dinero de la extorsión que la Policía nunca pudo interceptar por culpa del chivatazo. La carta fue encontrada por la policía francesa en el piso de un etarra mes y medio después del soplo.

La huella del chivatazo es un sobre dirigido a dos empresarios navarros que incluye un recibí de ETA fechado en junio de 2006. Incluye tres sellos de la organización terrorista y el código alfanumérico con el que la banda identifica cada proceso de extorsión.

Los agentes antiterroristas franceses lo encontraron encima de unas cintas de música, detrás de la televisión, en el pequeño apartamento de Bayona de José Antonio Cau Aldanur. Se trata del supuesto miembro de la red de extorsión con el que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, se puso en contacto precipitadamente el 4 de mayo de 2006 tras recibir el chivatazo. Cau explicó a los agentes que alguien había deslizado el sobre por debajo de su puerta unos días antes.

Como habían hecho tantas veces, el plan inicial era que Cau se desplazara al bar Faisán de Irún para recibir de Elosua lo que en las conversaciones intervenidas llamaban «nueve botellas de vino». Se estaban refiriendo a los nueve millones de pesetas (54.000 euros) que la banda había obtenido de una extorsión y que los responsables de la operación Urogallo pensaban interceptar. Pero Elosua fue advertido de la operación y cambió de planes. Fue él quien cruzó la frontera para reunirse con Cau y transmitirle el soplo: si se presentaba en el Faisán para recoger el dinero ambos serían detenidos.

Un mes y medio más tarde ambos fueron arrestados, pero ya no había rastro del dinero. Fue el propio informe policial definitivo el que desmintió las tesis propagadas por el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y su entorno de que, en realidad, el chivatazo no estropeó nada porque las detenciones acabaron produciéndose.

«Se permitió que los 54.000 euros […] se allegaran finalmente al aparato financiero de la organización terrorista en el curso de los 45 días que transcurrieron hasta su detención. […] Se impidió su aprehensión y con ello se favoreció que ETA dispusiera de esos fondos para seguir coadyuvando a financiar su actividad terrorista», dice el informe.

El propio fiscal del caso recuerda en su escrito de acusación contra dos mandos policiales que, efectivamente, fueron detenidos «todos» los integrantes de la red de extorsión, «pero sin que se encontrase una sola carta de extorsión en ninguno de los registros, ni los 54.000 euros».

La recepción del dinero es el ejemplo más claro de beneficio a la banda, pero no el más relevante. Los investigadores enumeran otra media docena de ventajas que el soplo supuso para ETA, alguna de ellas de «mucha mayor trascendencia» para la lucha antiterrorista. «La filtración provocó que los miembros de la red de extorsión dispusieran de tiempo suficiente para poner a salvo de la acción policial y judicial los medios y recursos utilizados en su procedimiento de extorsión, y lo más grave, pudieron sustraer al conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del aparato financiero de ETA en esos momentos».

Esos datos esenciales que nunca se encontraron habrían servido hoy para reforzar la inminente acusación contra la trama de extorsión etarra, cuya investigación, al igual que la del chivatazo, acaba de concluirse. En ese sumario llegaron a estar procesados por colaboración terrorista los dos empresarios a quienes ETA confirmó la recepción de los 54.000 euros. Se trata de José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero, propietarios de la constructora Azysa. La Fiscalía actuó contra ellos al estimar que el pago había sido voluntario, pero el juez Baltasar Garzón acabó archivando la causa al considerar que habían actuado por miedo a represalias de la banda.

«Hay responsable político»

Según avanza la investigación del supuesto chivatazo policial a miembros de ETA en 2006, el conocido como ‘caso Faisán’, es «evidente que hay un responsable político». Así lo defendió ayer el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso.

Después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenase a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista a los dos policías imputados en el caso, Alonso remarcó que espera que haya alguna «respuesta política» a medida que se vayan conociendo «novedades» sobre el juicio en marcha.

«Es un asunto judicializado y, según avanza, es evidente que siempre hay un responsable político de las cosas que ocurren o que han ocurrido en el pasado, y en la medida en que se conozcan novedades tendremos que esperar respuestas políticas», insistió Alonso.

EL MUNDO 24/04/13