El ministro de Justicia, Rafael Catalá, incumplió ayer públicamente el pacto con Ciudadanos al defender que la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sólo debería dimitir de su escaño en el Senado si se abre juicio oral contra ella por supuesto blanqueo dinero para financiar su última campaña municipal, y no en el caso de que el Tribunal Supremo confirme su imputación. El punto 93 del acuerdo de investidura suscrito entre el PP y Ciudadanos establece que ambos partidos «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procesamiento judicial».
Catalá sostuvo ayer, en declaraciones a RNE, que en el PP son «más partidarios» de que la asunción de responsabilidades vaya ligada a algo más que una «acusación», por lo que alguien no debe ser apartado de un cargo porque se le acuse de algo, sino que esto «se tiene que acreditar». «No es sensato que por poner una querella haya que dimitir», aseguró, pese a que este no es el caso de Barberá. Todo su equipo en el Ayuntamiento está imputado tras la investigación realizada por un juez y ella, por su condición de aforada, está sólo pendiente de que el Tribunal Supremo confirme si hay indicios para investigarla.
Después de estas valoraciones, desde la dirección del partido de Albert Rivera reiteraron que su posición es que si Barberá es imputada debe dejar de ser senadora. De hecho, esa es la postura que en privado también se mantiene en el PP. En Génova están a la espera del dictamen del Supremo y, mientras tanto, han cubierto de un espeso silencio el caso Barberá.
Al parecer, los populares retrasarán hasta final de mes la designación de los miembros de la Diputación Permanente de la Cámara Alta para no reabrir este asunto. La pertenencia de Barberá a este órgano le permite seguir aforada aunque la Cámara esté disuelta, como ocurrirá si hay terceras elecciones.
Desde Ciudadanos siempre han entendido que un gesto del PP habría sido sacar a la ex alcaldesa de Valencia de la Diputación Permanente del Senado. Y no están dispuestos a concesiones. Recuerdan, además, que la separación de imputados de cargos públicos fue una de las seis condiciones que Rajoy aceptó firmar como paso previo a negociar con Ciudadanos y consideran que es un compromiso que está en vigor.