No obstante, desde el Gobierno catalán se insistió en que el 1 de julio «por primera vez pondremos en producción el e-SPRIU con el impuesto de las bebidas azucaradas [pendiente de la aprobación de presupuestos], que se aplica sobre un censo de contribuyentes de 400 empresas distribuidoras de bebidas. Posteriormente, pondremos en producción otros impuestos», aseguró Salvadó. El responsable de los tributos catalanes añadió que al ir incorporando todos los impuestos propios y cedidos se irá configurando una base de datos de contribuyentes cuyo eje principal serán «las declaraciones que harán las empresas que, en definitiva, son las que pagan los grandes impuestos que ahora recauda el Estado. No necesitaremos una base de datos específica», afirmó.
Economía adjudicó en 2015 el desarrollo de la plataforma a IBM y T-Systems por 1,7 millones de euros y, a diferencia del sistema anterior, el G@udí, se ha «diseñado para impuestos periódicos, de grandes censos de contribuyentes y, en definitiva, para recaudar cualquier tipo de impuesto». En la actualidad, la Generalitat sólo asume una pequeña parte de la gestión de los tributos puesto que son las oficinas de la Agencia Tributaria estatal y las de los Registradores –a los que ya se ha anunciado la rescisión del contrato de prestación de servicios– las que recaudan los impuestos cedidos.
Al margen de las prisas del Govern en asuntos como el tributario, ayer se volvieron a reunir los representantes del Pacto Nacional por el Referéndum, con Carles Puigdemont, Ada Colau, Oriol Junqueras y Carme Forcadell a la cabeza. El encuentro trató sobre el manifiesto fundacional del Pacto y su plan de trabajo de los próximos meses, centrado en ensanchar la base de partidarios de esta consulta en Cataluña, en toda España y entre la comunidad internacional. En la reunión no se abordó ningún posible adelanto de una consulta ya que la prioridad para los representantes del Pacto es agotar todas las vías de diálogo para facilitar una votación.
Por eso pedirán reuniones con el Gobierno, y con otros ejecutivos, cargos electos y partidos políticos a nivel catalán, español y europeo para «provocar diálogos entre partidarios y detractores», como indicó el coordinador del Pacto, quien considera que muchos expertos constitucionalistas opinan que la votación se podría celebrar bajo la legalidad española actual. Por eso añadió que «la decisión de no autorizar el referéndum es política, no legal», como pretenden trasladar a todas las fuerzas políticas y administraciones con las que se reúnan.
En la reunión se escucharon voces discordantes como la del secretario general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, quien instó a trabajar por un referéndum pactado con el Estado porque genera el máximo consenso y ofrece garantías jurídicas y reconocimiento internacional y pidió no seguir «fórmulas unilaterales». El coordinador del Pacte, Joan Ignasi Elena, indicó que «lo inadmisible es esconderse bajo una falsa legalidad para no querer debatir sobre lo que pide una parte importante de Cataluña» y remarcó que el objetivo es explicar que el pretendido conflicto se resuelve con el referéndum.