Cataluña: defender la democracia

· Sin abandonar la prudencia, la moderación y el equilibrio de quienes apostamos por España, sus libertades, su democracia y su unidad, ha llegado la hora de afirmar que en la defensa de esos valores, que son de todos y que a nadie excluyen, habrá que utilizar con la proporcionalidad debida, todos los instrumentos de la razón y del derecho -solo de la razón y del derecho -solo de la razón y del derecho pero todos sin excepción- si llega a producirse lo que Alfonso Guerra de «golpe de Estado lento»

EL pasado 27 de septiembre se celebraron en Cataluña elecciones al Parlament; todo se hizo al amparo de la Constitución Española de 1978, cuyo Art. 2º, después de proclamar «la indisoluble unidad de la Nación española», «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran», aplicándose el Estatuto de Autonomía, que es una Ley Orgánica de las Cortes Generales y la Ley Electoral General que rige en toda España, garantizándose, mediante la aplicación del ordenamiento jurídico español, «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», que son los valores superiores de aquel, según el Art. 1º CE. Por lo tanto, los ciudadanos españoles inscritos en el censo de Cataluña ejercieron, una vez más, su derecho a decidir en el seno de una democracia de la Unión Europea. Pero a los nacionalistas todo eso les da igual, porque ese ordenamiento jurídico del que se sirven cuando les conviene, es lo que quieren destruir, a pesar de que ha otorgado a Cataluña la mayor autonomía política de la historia, incluso superior a muchos Estados federales.

El resultado de las elecciones autonómicas ha llevado a la mayoría parlamentaria simple a una agrupación de dos partidos (Convergencia y Esquerra) ideológicamente antagónicos, unidos para decir sí a la secesión, lo que no solo sería políticamente un golpe de Estado, sino jurídicamente un delito de rebelión. Pero a los nacionalistas todo eso les da igual, porque aplican el adjetivo de «democrático» a cualquier actuación antijurídica, cuando la esencia de la democracia es la obediencia a las leyes y el acatamiento a los Tribunales y ya hemos visto como entienden y practican esos principios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia con ocasión de las declaraciones ante un juez de tres políticos a los que se atribuyen graves delitos.

Por otra parte, el debate sobre quién ha ganado el pretendido plebiscito es inútil, no solo porque no existió nunca, sino porque, en todo caso, la comparación de votos habría de hacerse en relación con todos los españoles y en el marco de un proceso de reforma constitucional. Los de Junts pel Sí dijeron que el proceso secesionista seguiría adelante aunque solo obtuvieran mayoría de escaños y no mayoría de votos, pero como no han sacado ni lo uno ni lo otro, ahora dicen que seguirán adelante de todas maneras, incurriendo en una contradicción flagrante con su propio mensaje. Pero a los nacionalistas todo eso les da igual, porque es inútil intentar llevar la lógica, la racionalidad y el sentido común a quienes viven en un sentimiento y una fantasía irrefrenables, que les ha llevado a pedir la ayuda de los parlamentarios de un grupo antisistema para formar gobierno.

Les advirtieron que si llegaban a separarse de España (lo que solo podría suceder si España se rindiera) Cataluña sufriría perjuicios gravísimos, saliendo de la Unión Europea, de la Zona Euro, de la OTAN y hasta de la ONU y se produciría la ruina de su economía. Se lo dijeron la canciller alemana, el presidente francés, el premier británico, el presidente americano y el presidente de la Comisión Europea. Pero a los nacionalistas todo eso les da igual, porque niegan la realidad, ya sea diciendo que no se ha dicho eso o que si se ha dicho no sucederá, y en último extremo parecen preferir su locura, antes que seguir formando parte de uno de los doce primeros países del mundo. Con claridad meridiana lo ha expresado S.M. el Rey: «Soy europeo porque soy español». Es una tristeza que haya españoles que con tal de no serlo estén dispuestos a renunciar a Europa. Con razón se les llama separatistas… pero a ellos todo eso les da igual, porque, como todo nacionalismo, a lo que aspiran es a estar solos y a no compartir nada con nadie.

Yno les importa todo eso porque tienen una determinación, que sería hasta elogiable si no fuera porque persigue un fin maligno, sirviéndose de medios inmorales y antijurídicos, anunciando lo que pretenden y cómo lo van a hacer, sin eufemismos ni disimulos, diciendo descaradamente que no cumplirán las leyes, que no obedecerán a los tribunales y algunos hasta que, cuando llegue el momento, asaltarán instituciones para sustituirlas e instalaciones vitales para ocuparlas, eso sí «pacíficamente», como si todo eso no fuera la mayor de las violencias que pueden ejercerse contra un Estado democrático de derecho. Pero lo peor es que frente a esa determinación y ese descaro, muchos de nosotros en la calle y hasta en las instituciones jugamos al escondite con las palabras y los conceptos para no salirse de lo políticamente correcto y no ofender la epidermis de cristal del nacionalismo.

Desgraciadamente, cuando se sostiene que es necesaria la firmeza en la aplicación de la Ley suele haber quien opone toda una barricada de tópicos, reclamando un diálogo al que nadie se opone, pero que solo es posible partiendo de la aceptación recíproca de un único y común marco jurídico, que no puede ser otro que el del Ordenamiento vigente.

Sin abandonar la prudencia, la moderación y el equilibrio de quienes apostamos por España, sus libertades, su democracia y su unidad, ha llegado la hora de afirmar que en la defensa de esos valores, que son de todos y que a nadie excluyen, habrá que utilizar, con la proporcionalidad debida, todos los medios e instrumentos de la razón y del derecho, solo de la razón y del derecho, pero todos sin excepción, si llega a producirse lo que Alfonso Guerra ha calificado de «golpe de Estado lento».