Cataluña dependerá de España para permanecer en la UE

Los expertos en el Derecho de la UE coinciden en que el futuro en la Unión de un hipotético Estado catalán dependerá, en última instancia, de que convenza a España para que le apoye en sus pretensiones. EL PAÍS ha planteado a esos juristas las preguntas sobre las que ha pivotado la campaña catalana y sobre las que se enfangaron en su debate el ministro de Exteriores, José Manuel García- Margallo, y el candidato de Junts Pel Sí Oriol Junqueras.

1. En caso de una independencia unilateral, ¿Saldría Cataluña automáticamente de la Unión Europea?
“Como nuevo Estado, Cataluña no será un Estado miembro de la UE”, contesta sin dudar Jean- Paul Jacqué, profesor emérito de la Universidad de Estrasburgo y exdirector de los servicios jurídicos del Consejo Europeo.»Si los catalanes votan dejar España, están votando también dejar la UE, sujeta a una solicitud de adhesión», advierte Catherine Barnard, de la Universidad de Cambridge. La profesora matiza que no cree que la salida fuera «automática» en el tiempo porque dependería de las negociaciones con España y el resto de la UE. Sí la ve inmediata la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense Araceli Mangas. «Los Tratados constitutivos de organizaciones internacionales no se transmiten automáticamente a un nuevo Estado. Los de la UE, con todo su derecho derivado, dejarán de aplicarse en el territorio que deja de estar bajo la soberanía del Estado miembro, es automático», apunta.

Los juristas coinciden en el porqué de esta afirmación —Cataluña quedaría fuera de la UE— que han reiterado los responsables comunitarios y que niegan en las candidaturas independentistas. El argumento es, a priori, sencillo: el artículo 52 del Tratado de la Unión Europea enumera los Estados miembros de la Unión. En esa lista figura España y, evidentemente, no aparece Cataluña.

“Nosotros seremos un Estado miembro porque ya somos un Estado miembro”, aseguró Junqueras en el debate. Un argumento similar al que el Gobierno escocés planteó durante su proceso secesionista. “No se puede sostener que porque España aparezca en el listado Cataluña esté implícitamente incluida tras su independencia, porque un proceso de independencia tiene por objeto precisamente convertirse en un Estado separado. Después de un divorcio, eres soltero”, arguye Steve Peers, profesor de Derecho Europeo de la Universidad de Essex y autor del blog sobre derecho comunitario EU Law Analysis.

Peers sostiene, no obstante, que podría darse un caso en el que Cataluña no llegaría a salir de la UE: “Dado que ya está aplicando las leyes europeas, podría ser posible una negociación muy corta para la adhesión”. “Podría haber negociaciones informales mientras esté llevando a cabo el proceso de independencia, y que el Tratado de adhesión se firme el día de la independencia”, argumenta. Para ese supuesto sería necesario, en todo caso, que España permitiera esas negociaciones. “Cualquiera de los Estados miembros puede vetar el comienzo de esas discusiones técnicas con Cataluña”, advierte Laurent Pech, de la Universidad de Middlesex (Londres).

2. ¿Podría Cataluña ingresar después en la UE?
“Las condiciones que los Estados han de cumplir para convertirse en miembros no serían un problema para Cataluña, habiendo sido previamente parte de España”, reflexiona Michèle Finck, de la London School of Economics y la Universidad de Oxford. “Lo principal es que todos los Estados han de estar unánimamente de acuerdo. Eso significa que España debería votar a favor de que Cataluña se convierta en un Estado miembro”, subraya Finck.

“Cualquier tratado de adhesión de Cataluña a la UE debe ser aprobado por todos los Estados miembros, incluyendo España”, incide su colega Laurent Pech. El experto de Middlesex reconoce, no obstante, que a fin de evitar la “inestabilidad” en la UE y dado que “no hay precedentes de que una región de un Estado miembro declare unilateralmente su independencia”, no descarta “acrobacias legales de las instituciones comunitarias”. Pero, de nuevo, hay un límite para cualquier solución imaginativa: “Si el Gobierno español no muestra ninguna flexibilidad, Cataluña acaba fuera de la UE”, concluye.

El exdirector de los servicios jurídicos del Consejo Europeo Jean-Paul Jacqué apunta, además, que otros Estados como Chipre o Reino Unido también podrían mostrar reticencias. “Pueden verlo un precedente peligroso”, advierte.

3. ¿Perderían los catalanes la nacionalidad española tras una independencia unilateral?
La catedrática de la Universidad Complutense Araceli Mangas explica que, en el Derecho Internacional, todo Estado tiene “competencia discrecional amplísima para determinar quiénes son sus nacionales y los criterios para adquirir o perder [la nacionalidad]“. Ante una secesión, si no hay acuerdo entre España y el hipotético Estado catalán, “el Estado que sufre la pérdida territorial (España) tiene derecho a retirar, y se hace así prácticamente siempre, su nacionalidad a las personas que adquieran la nacionalidad del Estado nuevo”. Para ello, explica, “debe modificar la Constitución”, en concreto el artículo 11.2, en el que se establece que no se puede privar a nadie de su nacionalidad contra su voluntad, pero que estaba “concebido en un contexto de normalidad constitucional”, arguye. “Cuando hay una modificación territorial hay que poner a cero el contador constitucional de la nacionalidad y aplicar reglas nuevas”, señala la catedrática. El Estado español también tendrá derecho a regular «libremente en qué casos y condiciones admite o no admite la doble nacionalidad con el nuevo Estado escindido».

4. ¿Y la ciudadanía europea?
Este punto es el que más controversia suscita entre los analistas. La ciudadanía europea está ligada a la posesión de la nacionalidad de un Estados miembro, y como tal algunos entienden que los catalanes la perderían en cuanto perdieran la española hasta que no se produjera una nueva adhesión. La profesora Finck recuerda que este caso especial no está previsto en los Tratados, y que la Corte de Justicia de la UE ha asegurado que los ciudadanos europeos “no pueden ser privados de la esencia de los derechos concedidos en virtud de su condición como ciudadanos de la Unión”.