ABC 09/11/15
EDITORIAL
· Ahora solo quedan la contundencia del Estado de Derecho y la fortaleza de las leyes, porque en una cosa no mienten los secesionistas: no darán marcha atrás. Es preciso acabar con este abuso y chantaje
CATALUÑA afronta desde hoy la fase decisiva del desafío independentista con que sus autoridades se han querido enfrentar al Estado. Por la mañana, el Pleno del Parlamento catalán votará una resolución que aspira a ser la base administrativa y política de una futura secesión de España. Por la tarde, se celebrará una sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat que promete resultar fallida porque la CUP, un partido de esencias batasunas convertido en bisagra de poder, no prevé apoyar a Artur Mas. Sin duda, cuando haya transcurrido la jornada de hoy, Cataluña estará más cerca que nunca de un abismo, porque el Gobierno de la nación impugnará con toda razón una resolución abiertamente ilegal con forma de golpe de mano a la Constitución, al Derecho y a la voluntad democrática de la mayoría de los catalanes y, por supuesto, de todos los españoles. Mas conduce a Cataluña a un suicidio político y social que el Ejecutivo no puede permitir.
Una vez que la resolución del Parlamento catalán quede aprobada, solo quedarán su anulación automática por parte del TC y la prohibición legal de avanzar un solo paso más, bajo la premisa de la aplicación estricta de la ley y el impedimento de que el
Parlament desobedezca, aunque sea por la fuerza. En ningún caso tendrá validez una declaración unilateral de independencia, y en ningún caso esa Cámara estará legitimada para crear una comisión que siente las bases de una Constitución propia o de la conformación de una república ilegal. El Estado tiene la obligación de permanecer alerta porque el grado de provocación del secesionismo no conoce límites.
Además, Cataluña se enfrentará a su propio espejo a la hora de votar a su nuevo presidente. Carme Forcadell, primera culpable jurídica y política de lo que hoy ocurra incluso si llegase a haber responsabilidad penal, propondrá este lunes en primera instancia a Mas como presidente de la Generalitat. Sin embargo, la CUP, con apenas el 10% de los votos y una capacidad absoluta de condicionar el futuro de Cataluña, parece tener otros planes. Los errores tácticos de Mas no han podido ser más graves: ha destrozado a Convergència, ha creado una fractura social que será difícilmente superable, ha entregado toda su capacidad de maniobra a ERC, y en este momento depende de un partido extremista que llegó a justificar el terrorismo de ETA.
Ahora solo quedan la contundencia del Estado de Derecho, la fortaleza de las leyes y la legitimidad de la mayoría, porque en una cosa no mienten los secesionistas: no darán marcha atrás. Cuando el TC haya suspendido la declaración independentista y el bloque rupturista anuncie su desobediencia, no quedará más remedio que poner fin a una ensoñación identitaria ejercida de modo abusivo y chantajista, y sin amparo ciudadano mayoritario. Así de simple. Es la ley, y es la lógica que da sentido a una democracia que protege la unidad de una nación.