ISABEL SAN SEBASTIÁN – ABC
· El problema al que nos enfrentamos no se resuelve con sentencias sino con determinación política.
Perpetrado el golpe a la democracia por los máximos responsables de las instituciones autonómicas catalanas, como era evidente que ocurriría, no existe salida buena para la situación creada. Nos movemos entre lo malo y lo peor. Entre el fuego de la calle incendiada por los radicales de las CUP y las brasas de una nueva claudicación ante quienes quebrantan la ley a sueldo del contribuyente. Entre el despliegue de la Guardia Civil y la violencia en las plazas. Entre el referéndum ilegal y el recurso a la fuerza. Cualquiera de estas imágenes resulta devastadora. La oportunidad de parar los pies de los golpistas a un precio asequible en términos políticos se perdió hace tiempo, por cobardía, propensión a dejarse engañar o error de cálculo. Ahora es demasiado tarde y ningún camino es recto.
Tantos años de impunidad, de respuesta sistemática a cada desafío con tributos y prebendas apaciguadoras, han resultado letales para la credibilidad del Estado de Derecho, percibido como algo débil, fácilmente bizcochable. Los separatistas, en cambio, siguen al pie de la letra el manual del perfecto «nazionalista». Llevan lustros alternando victimismo, adoctrinamiento y provocación, en dosis perfectamente medidas para achicarnos el espacio e ir consolidando posiciones avanzadas sin cesar en el lamento. La propia Ley de Transitoriedad que pretenden les lleve a su onírica república independiente, aprobada en flagrante violación del ordenamiento jurídico vigente, evoca formas y fondos propios del Tercer Reich. Cuando se antepone la nación al individuo y los presuntos derechos «históricos» priman sobre los derivados de la ciudadanía, se traspasa un umbral peligroso en el que el fin justifica los medios, incluído el golpe de Estado.
Ya no hay vuelta atrás. El voluntarismo que ha guiado hasta ahora la inacción del Ejecutivo, convencido de que Puigdemont y compañía no se atreverían a dar el paso que finalmente han dado, se ha revelado tan erróneo como suicida. Se han atrevido, vaya si se han atrevido, sin temor alguno del Constitucional, la Fiscalía, el Consejo de Estado o cualquier otro instrumento jurídico utilizado contra ellos, porque se fuman un puro con la ley y sus instrumentos. El problema al que nos enfrentamos no se resuelve con sentencias, sino con determinación política. Hace mucho que ellos se echaron al monte y cruzaron su Rubicón. Saben que su destino está ligado a esa loca carrera hacia adelante y, por si alguno estuviera tentado de olvidarlo, ahí están para recordárselo los hederos de Terra Lliure, su sostén parlamentario, empeñados en someter Valencia, Baleares y Aragón al dominio de la estelada. Ellos siguen el guión que nos conduce al abismo. La cuestión ahora es: ¿Cómo se defiende España? Garantizando su unidad y la soberanía de su pueblo con todas las herramientas que brinda la Constitución. Todas sin excepción.
Mariano Rajoy solo cuenta para esa tarea con la ayuda de Albert Rivera. Las apelaciones de Pedro Sánchez al «diálogo» y su propuesta de crear una comisión parlamentaria para abordar el asunto producirían hilaridad si no habláramos de algo tan grave. El sonsonete de la «política» como complemento de la legalidad o alternativa de su cumplimiento crispa los nervios. ¿Acaso hay política posible fuera de la ley? ¿Qué política que no se haya probado ya? ¿Diálogo en torno a qué puntos concretos? Sánchez no hace sino contar nubes, como Zapatero. Iglesias siempre ha estado contra el sistema. Aquí no hay consenso que valga. La responsabilidad recae sobre el presidente del Gobierno, investido del poder necesario. Es hora de dar la cara, a riesgo de que se la partan. El juego del gallina se acabó.
ISABEL SAN SEBASTIÁN – ABC