Para justificar sus atropellos jurídicos en el asunto de Cataluña, el presidente utiliza un argumento de peso. La situación es hoy sensiblemente mejor que la existente cuando llegó al poder. Es cierto que en las calles de Barcelona no arden contenedores. Lo es que no se acosa ni aporrea a la Policía. Y, lo más reseñable, a él no le han convocado ningún referéndum ilegal, ni declarado ninguna independencia ensoñadora. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor. ¿Eso es todo? No.

Quedarse en eso es una manera muy torpe de enjuiciar el conjunto del problema. Supone cansarse de pensar demasiado pronto. Primero hay que evaluar si la mejoría, fácilmente observable, es debida a su gestión o a un conjunto de varios sucesos coincidentes. Como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que el PSOE apoyó y que evidenció el hecho de que la correlación de fuerzas entre los independentistas y el Estado conducía inexorablemente al triunfo del Estado en el conflicto. O el absoluto desdén internacional que recibió el movimiento independentista, cuyos representantes no tuvieron ni una palabra de aliento de ningún organismo internacional y no fueron recibidos por ningún funcionario por encima de los conserjes que controlan sus puertas de entrada. O al propio cansancio de sus líderes, acosados por los jueces y desilusionados ante un apoyo social que jamas consiguieron fuese mayoritario. La constante apelación a una cierta mayoría en el Parlament -conseguida con una ley electoral que prima la distribución geográfica de los nacionalistas- chocó y choca con las evidencias sociales que muestran las encuestas. Nunca lograron la acumulación de fuerzas necesaria para realizar sus deseos.

Es decir, el suflé del ‘procés’ se ha desinflado, probablemente para décadas, pero ha sido gracias o por culpa de muchos elementos, entre los que sin duda figuran las concesiones realizadas a ERC en una mesa de diálogo bilateral curiosa. Ha servido para garantizar el apoyo a los Presupuestos que han dado el aliento vital a los gobiernos de Sánchez. A cambio de ser manifiestamente discriminatoria. Primero, con los asistentes; los que se sientan a la mesa representan al nacionalismo, no al conjunto de la sociedad catalana. ¿Por qué no han estado presentes ni el PSC, ni Ciudadanos, ni el PP? Y, segundo, es discriminatoria con el resto de españoles. ¿Por qué no ha habido una mesa bilateral, digamos, con Madrid, que al parecer tiene tan graves problemas que justifican manifestaciones extraordinarias?

Además, habría que debatir acerca del precio pagado por la mejoría observada. Pedro Sánchez dijo que aquello fue rebelión, luego presionó a la Abogacía del Estado para que no usase ese delito en los tribunales. Después aprovechó una ley antiquísima para conceder indultos a los condenados en contra de la opinión de los estamentos judiciales que intervienen en estos casos. Aprendió la lección y, más tarde, eliminó la figura, mucho más moderna, del delito de sedición por un procedimiento exprés que evita esas opiniones. Para terminar admitiendo la posibilidad de un ‘lifting’ personalizado del delito de malversación que beneficie solo a quien le conviene beneficiar. Sin duda, la mejoría ha sido cara y ha causado graves destrozos en el poder judicial. Y, por último, hay que hablar del futuro. Los líderes ‘indepes’ han repetido hasta la saciedad que «ho tornarem a fer». Si lo decían antes, cómo no iban a decirlo y, con alta probabilidad, a hacerlo, ahora que el delito ha bajado de precio y resulta barato.

Así que es cierto que la situación ha mejorado en Cataluña. Es incierto, por incompleto, deducir de ello que ha sido gracias solo a la errática actuación del Gobierno. Y es muy improbable que el problema se haya resuelto. Los independentistas nunca se cansan, nunca abandonan. Pueden ceder en los plazos, si el viento les llega de cara, pero no en los objetivos. Nos queda la amnistía y la convocatoria de un referéndum, dizque legal. ¿Qué nos queda ahora por entregar a cambio?